La organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) reclamó al régimen chavista que la liberación de presos políticos esté acompañada por garantías reales para el regreso seguro de dirigentes opositores exiliados y el cese definitivo de la represión política en Venezuela.
Desde la ONG advirtieron que la excarcelación de algunos detenidos resulta insuficiente mientras persistan los riesgos para quienes ejercen derechos civiles y políticos. En ese sentido, subrayaron que no puede hablarse de avances sustantivos si continúan las detenciones arbitrarias, las represalias y la falta de garantías jurídicas.
“Debe haber condiciones para que quienes están exiliados puedan regresar al país y para que el ejercicio de la política, de los derechos sociales y de las libertades se realice sin riesgo”, afirmó Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de Provea, durante una declaración realizada a las afueras de El Helicoide, señalado por organismos de derechos humanos como uno de los principales centros de detención y tortura del chavismo.
Alvarado mencionó expresamente a referentes opositores como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes —según sostuvo— deberían poder volver a Venezuela y participar de la vida política sin temor a persecuciones o represalias.
Provea también exigió que la liberación de presos políticos sea plena y definitiva, y denunció la continuidad de la denominada “puerta giratoria”, una práctica que consiste en liberar a algunas personas mientras se detiene a otras por motivos similares.
“No puede mantenerse el ciclo de excarcelar a unos para luego encarcelar a otros”, advirtió el dirigente de la organización.
El reclamo de la ONG se produjo luego de que el dirigente chavista Jorge Rodríguez anunciara la liberación de un “número importante de personas”, sin precisar cifras ni condiciones. El funcionario presentó la medida como un gesto destinado a “consolidar la paz y la convivencia”, en un contexto de creciente presión internacional tras la captura de Nicolás Maduro y la proclamación de Delcy Rodríguez como jefa del régimen.
Desde Estados Unidos, la Casa Blanca atribuyó las liberaciones a la presión ejercida por el presidente Donald Trump. “Este es un ejemplo de cómo el presidente está utilizando al máximo su influencia para hacer lo correcto para el pueblo estadounidense y el venezolano”, afirmó la subsecretaria de prensa Anna Kelly.
Hasta el momento, solo se confirmó la liberación de cinco ciudadanos españoles, entre ellos la activista Rocío San Miguel, quienes regresaron a España tras gestiones diplomáticas. En Venezuela, en tanto, familiares y abogados de presos políticos continúan a la espera de información oficial y denuncian la falta de listas verificadas y de transparencia en el proceso.
Provea remarcó que el verdadero avance pasa por garantizar el respeto efectivo de los derechos civiles y políticos, permitir la actividad opositora sin amenazas y asegurar el retorno seguro de los exiliados.
“La excarcelación debe ir acompañada de un cambio estructural que ponga fin a las detenciones arbitrarias y a la persecución política”, concluyó Alvarado.
Mientras la comunidad internacional sigue con atención la situación venezolana, organizaciones civiles y familiares de los detenidos insisten en la necesidad de compromisos claros y verificables por parte del régimen. A su entender, el futuro del país dependerá de que el respeto a los derechos fundamentales deje de ser una excepción y se convierta en una práctica sostenida.
(Con información de EFE)
Foto: Personas se concentran a las afueras de la cárcel de El Rodeo, en el estado Miranda, tras el anuncio oficial de la liberación de presos venezolanos y extranjeros (REUTERS/Gaby Oraa)