El Gobierno nacional promulgó este viernes la reforma de la Ley de Glaciares, luego de su aprobación en el Congreso, y puso en vigencia una serie de cambios que modifican el esquema de protección ambiental sobre glaciares y zonas periglaciares en la Argentina.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 271/2026, publicado en el Boletín Oficial, y forma parte del paquete de reformas impulsadas por el oficialismo con el objetivo de incentivar inversiones, aumentar la productividad y otorgar mayor participación a las provincias en la administración de sus recursos naturales.
La ley original, sancionada en 2010, establecía la preservación de glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de agua dulce, esenciales para el consumo humano, la recarga de cuencas hídricas, el turismo, la investigación científica y la biodiversidad.
Con la nueva normativa, las provincias pasarán a tener la potestad de fijar criterios propios para determinar qué glaciares y áreas periglaciares deberán quedar protegidos. Se trata de un reclamo histórico de distritos con fuerte actividad minera.
Los principales cambios
Uno de los puntos centrales de la reforma alcanza a los Glaciares de Escombros (GdE) y otras geoformas periglaciares. Mientras la legislación anterior otorgaba una protección amplia, desde ahora sólo quedarán bajo resguardo estricto aquellas formaciones que acrediten una “función hídrica comprobada o relevante”.
Esto habilita la posibilidad de autorizar actividades productivas y extractivas en sectores que hasta ahora permanecían restringidos.
Otro de los cambios relevantes impacta en el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que tenía una participación clave en la identificación y elaboración del inventario nacional de glaciares.
Con la reforma, el organismo conservará una función técnica y de consulta, aunque las provincias tendrán mayor peso en las decisiones finales.
Además, en las zonas fronterizas aún no demarcadas, será obligatoria la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores antes de incorporar información al inventario.
Nuevo esquema ambiental
La norma también deja atrás el sistema de prohibiciones generales y lo reemplaza por un esquema de evaluación de impacto ambiental caso por caso.
De esta manera, cada emprendimiento deberá ser analizado individualmente por las autoridades provinciales, que tendrán la responsabilidad de definir su viabilidad según criterios técnicos y ambientales.
La defensa oficial
Tras la sanción legislativa, desde la Oficina del Presidente destacaron que la reforma permitirá “ordenar el marco normativo”, evitar interpretaciones arbitrarias y fortalecer el federalismo ambiental.
Además, señalaron que la ley protege los glaciares con verdadera función hídrica y, al mismo tiempo, habilita el aprovechamiento de recursos minerales en zonas que, según la visión oficial, habían sido mal catalogadas.
El Ejecutivo sostuvo también que los cambios eliminan trabas al desarrollo y ratifican que “el cuidado del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos”.