El sector yerbatero de la Provincia ha entrado en una fase de conflicto abierto. En una tensa asamblea realizada en Campo Viera, productores de toda la provincia decidieron paralizar la cosecha de manera indefinida. La medida de fuerza busca presionar al Gobierno Nacional para que devuelva al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) las facultades de fijar precios, eliminadas tras la desregulación económica de diciembre de 2023.
La situación en las chacras es terminal: mientras los productores reclaman un valor de $420 por kilo de hoja verde, actualmente perciben entre $180 y $220. Esta brecha, sumada al alza de los costos de producción, ha empujado a muchos colonos al endeudamiento o a la venta de sus propiedades, profundizando el malestar social en las zonas rurales.
Durante el encuentro, que contó con la presencia de directores del sector productivo pero no con el presidente del organismo, Rodrigo Correa, se firmó un acta con tres puntos centrales: el cese inmediato de la zafriña, el pedido de restitución de funciones regulatorias al INYM y un plazo de dos semanas para convocar a una mesa de fijación de precios oficiales.
Los directores presentes admitieron estar con las «manos atadas» debido al marco normativo vigente, lo que caldeó los ánimos de los asistentes. Ante la falta de respuestas institucionales, crece en las bases la idea de conformar un gremio provincial unificado que permita negociar con mayor peso frente a la industria, en un escenario que los propios protagonistas califican como el preludio de un «paro provincial histórico».