En un contexto de creciente preocupación por la inflación y su impacto en los servicios de salud privados, marzo no trae buenas noticias para los usuarios de las prepagas en Argentina. Según lo anunciado por representantes del sector, este mes se aplicará un aumento promedio del 23% en las cuotas, marcando así el tercer ajuste consecutivo en lo que va del año.
Esta medida sigue a los incrementos anteriores que los usuarios experimentaron en enero, con un alza del 30%, y en febrero, con un aumento del 26% en los aranceles de las prepagas.
La suma total de estos incrementos en lo que va del año suma un 79% de aumento, lo cual representa una carga significativa para los afiliados a estos servicios. Además, cabe destacar que durante el año 2023, las cuotas de las prepagas experimentaron un aumento acumulado del 134%, superando ampliamente la tasa de inflación general del país, que se situó en un 211% anual para diciembre.
En este sentido, representantes del sector han argumentado que estos ajustes son necesarios para poder hacer frente a los costos crecientes, especialmente en un contexto donde los precios de insumos médicos y servicios relacionados han experimentado aumentos significativos. Se señala que el sector de la salud privada se encuentra enfrentando incrementos considerables en rubros como los combustibles, con un aumento del 145% en un corto período, así como en el costo de medicamentos y alimentos.
A pesar de estas justificaciones, la situación preocupa a diversos sectores de la sociedad, incluyendo a la Defensoría del Pueblo de la Nación, que ha expresado su inquietud por el impacto de estos aumentos en los jubilados, quienes muchas veces se ven obligados a asumir estos incrementos sin alternativas accesibles.
Asimismo, se ha solicitado la intervención del Estado para ayudar a financiar las prestaciones del Plan Médico Obligatorio (PMO), que representa una canasta básica de servicios que todas las prepagas y obras sociales deben brindar. Se argumenta que hay casos en los que los gastos extraordinarios, como el financiamiento de tratamientos costosos o servicios específicos para personas con discapacidad, exceden los recursos disponibles y requieren apoyo adicional.
En última instancia, queda claro que los aumentos en las cuotas de las prepagas plantean desafíos significativos tanto para los usuarios como para las autoridades, quienes deberán buscar soluciones que garanticen el acceso equitativo a servicios de salud de calidad sin comprometer la estabilidad financiera del sistema.