El Gobierno nacional presenta el Plan Paraná, una estrategia integral destinada a fortalecer la seguridad en la frontera fluvial con Paraguay y combatir delitos como el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas. La iniciativa, oficializada a través de la Resolución 1307/2025 del Ministerio de Seguridad, comprende un operativo regional en uno de los corredores más críticos del país.
El plan se centra en la Hidrovía Paraná–Paraguay, un eje estratégico que conecta Asunción con Buenos Aires y por donde circulan hasta 300 barcazas por día, según datos oficiales. La combinación de alto tránsito, numerosos puertos públicos y privados, y la extensa geografía del corredor ha convertido a esta zona en un punto sensible para la acción de organizaciones criminales transnacionales.
Con el objetivo de aumentar la presencia estatal, el Ministerio de Seguridad implementará un esquema sostenido de vigilancia y prevención del delito, incorporando tecnología avanzada como radares, drones, cámaras térmicas, escáneres de contenedores y sistemas de monitoreo en tiempo real. Además, se promoverá la cooperación interagencial tanto a nivel nacional como internacional para optimizar la respuesta frente al crimen organizado.
El plan incluye seis polígonos de intervención que abarcan desde Puerto Bermejo, en Chaco, hasta Paraná Guazú, incluyendo localidades estratégicas como Resistencia, Itatí, Bella Vista, La Paz, Paraná y San Nicolás. La autoridad de aplicación podrá ampliar las áreas de acción según la evolución de la actividad delictiva.
Entre los objetivos específicos se destacan la desarticulación de redes de contrabando y narcotráfico en la frontera norte —Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones— y el reforzamiento de controles en los puertos de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. También se prevé trabajar en coordinación con organismos internacionales como EUDA, ONUDD, la DEA y la CICAD-OEA.
El Comando Unificado “Plan Paraná”, integrado por la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, estará a cargo de la coordinación operativa. A su vez, se contempla la participación de policías provinciales y organismos clave como Aduanas, AFIP y Migraciones, así como el Ministerio Público Fiscal de la Nación y de las provincias, que designarán enlaces para garantizar la articulación judicial y operativa en los puntos críticos de la hidrovía.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca no solo fortalecer el control sobre la hidrovía, sino también consolidar un modelo de seguridad integral y coordinado frente a la creciente amenaza del crimen organizado en la región.