La exsecretaria de Deportes de la provincia de San Luis, Cintia Ramírez, será sometida a juicio oral a partir del próximo 16 de marzo, acusada de presunta malversación de fondos públicos por un monto cercano a $290 millones. La causa investiga una serie de maniobras que, según la fiscalía, habrían beneficiado a un club del cual la propia funcionaria era presidenta durante su gestión.
Ramírez formó parte del gobierno del entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá y ocupó la Secretaría de Deportes entre 2022 y 2023. De acuerdo con la investigación, durante ese período también presidía la asociación civil San Luis FC, un club de fútbol femenino que ella misma fundó en octubre de 2022.
La acusación sostiene que, desde la creación del club, se realizaron 188 transferencias desde el Ente Deporte San Luis hacia San Luis FC, por un total superior a $166 millones, destinados a gastos como transporte, viandas, electrodomésticos y otros insumos. Para la fiscalía, estas operaciones aparentaban legalidad, pero en realidad constituían un mecanismo para canalizar fondos públicos hacia una entidad privada vinculada directamente con la funcionaria.
En ese sentido, los investigadores señalaron que “cualquier gasto que tuviera San Luis FC, propiedad de Ramírez, era cubierto con fondos públicos gestionados por la Secretaría de Deportes y canalizados por el ente que también estaba bajo su órbita”.
Un colectivo bajo sospecha
Uno de los episodios centrales del expediente es la compra de un colectivo Volvo modelo 2018 con capacidad para 60 pasajeros, adquirida pocos días antes de que Ramírez dejara el cargo, en diciembre de 2023.
Según la fiscalía, la operación se realizó por casi $290 millones, a través de un expediente administrativo iniciado el 1 de diciembre de ese año, apenas nueve días antes de la salida de la funcionaria del gobierno. Sin embargo, una tasación oficial determinó que el vehículo tenía un valor real cercano a $114 millones, ya que se encontraba en malas condiciones.
Esto implicaría un sobreprecio de aproximadamente $175 millones, lo que constituye otro de los puntos clave de la acusación.
Los delitos investigados
Inicialmente, la causa fue caratulada como malversación de caudales públicos, aunque posteriormente, tras un dictamen del Procurador General de San Luis, se incorporaron otras figuras penales vinculadas a hechos de corrupción.
Entre los delitos que se investigan se incluyen:
- Fraude a la administración pública
- Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública
- Incumplimiento de los deberes de funcionario público
El Ministerio Público, integrado por los fiscales adjuntos Roxana Alcaraz y Juan Pablo Estopiñán, remarcó que el caso tuvo un fuerte impacto institucional y que el juicio buscará esclarecer si existió un uso irregular de recursos estatales.
La estrategia de la defensa
La defensa de Ramírez, encabezada por los abogados Marcos Juárez y Ramiro Rubio, intentó anular la acusación formal al considerar que se vulneraron garantías procesales.
Los letrados sostuvieron que no todas las órdenes de pago estaban dirigidas a San Luis FC y cuestionaron el cambio en la calificación legal de los hechos sin una nueva convocatoria para ejercer la defensa.
“No es lo mismo que me acusen de haber destinado dinero de un lugar a otro, que de sustraerlo directamente del Estado”, argumentó Juárez durante la audiencia.
Sin embargo, la jueza Luciana Banó, titular del Juzgado de Garantía N.º 4 de la ciudad de San Luis, rechazó el planteo y habilitó la apertura del juicio oral.
Testigos y posible ausencia de Rodríguez Saá
Entre los testigos citados figura el exgobernador Alberto Rodríguez Saá, quien fue propuesto por la defensa. Su declaración estaría vinculada con el subsidio otorgado a San Luis FC y con la autorización para la compra del colectivo, formalizada mediante un decreto durante su gestión.
También deberán declarar el exsecretario de la Gobernación Miguel Ángel Berardo, el exministro de Hacienda Eloy Horcajo, exfuncionarios de la Secretaría de Deportes, interventores del club y peritos que participaron en las tasaciones y verificaciones del vehículo.
No obstante, trascendió que Rodríguez Saá podría ausentarse del país durante los días del juicio, lo que podría dificultar su presencia en el tribunal.
Pedido de condena
La fiscalía solicitó una pena de cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El debate judicial buscará determinar si las transferencias y operaciones cuestionadas respondieron a procedimientos administrativos legítimos o si, como sostiene la acusación, formaron parte de maniobras irregulares destinadas a beneficiar a una entidad privada dirigida por la propia funcionaria.