El Congreso de Perú destituyó este martes al presidente interino José Jeri por “tráfico de influencias”, a menos de dos meses de las elecciones generales previstas para el 12 de abril. La decisión profundiza la inestabilidad institucional en el país andino y abre un debate inmediato sobre la sucesión en el Ejecutivo.
Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Parlamento aprobó la moción de censura contra el mandatario encargado, quien había asumido el poder el 10 de octubre pasado tras la salida de Dina Boluarte. Boluarte, a su vez, había llegado al gobierno luego de la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022.
Se trata del octavo cambio presidencial en menos de una década en Perú, en un contexto de marcada fragmentación política y tensión institucional. El presidente que resulte electo en los comicios del 12 de abril asumirá el 28 de julio.
Un vacío temporal y la disputa por la sucesión
El Congreso volverá a reunirse este miércoles para elegir a su nuevo titular, quien asumirá automáticamente la presidencia interina de la República hasta la asunción del mandatario electo.
Durante al menos 24 horas, el país permanecerá sin un presidente formal. El actual jefe del Parlamento, Fernando Respigliosi, adelantó que no asumirá el Ejecutivo.
Entre los nombres que suenan para reemplazar a Jeri figura Maricarmen Alva, dirigente de derecha que ya presidió el Congreso en 2021 y que lideró la oposición parlamentaria contra Castillo. Su eventual designación podría generar fuertes cuestionamientos por parte de las bancadas progresistas y derivar en movilizaciones.
Las distintas bancadas deberán presentar sus candidatos este mismo martes y la votación se realizará el miércoles.
El mecanismo de destitución
Jeri fue removido mediante una votación de “censura”, mecanismo aplicable a presidentes del Congreso y que requiere mayoría simple. El ahora exmandatario sostenía que su salida debía tramitarse por la vía de la “vacancia”, procedimiento que exige el respaldo de dos tercios del cuerpo legislativo y que está reservado para presidentes elegidos por voto popular.
El Parlamento determinó que, al no haber sido electo directamente en las urnas sino en su condición de titular del Congreso, correspondía aplicar la censura.
Las acusaciones en su contra
La destitución se produjo en medio de una investigación fiscal por presunto tráfico de influencias. Según la Fiscalía, Jeri habría mantenido reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y de la propia oficina presidencial.
Uno de los encuentros, ocurrido el 26 de diciembre en un restaurante de Lima, quedó registrado en cámaras de seguridad. De acuerdo con las imágenes difundidas, el entonces mandatario habría acudido con el rostro cubierto para evitar ser reconocido.
Además, enfrentó denuncias por presuntas contrataciones irregulares de mujeres como funcionarias estatales tras encuentros privados en el Palacio de Gobierno.
Jeri negó todas las acusaciones y calificó el proceso como una maniobra política. Sin embargo, la mayoría parlamentaria avanzó con la censura y precipitó un nuevo giro en la ya prolongada crisis institucional peruana.