Desde la medianoche del jueves 5 de junio, rige un paro nacional en el sector de salud convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), luego del fracaso de la audiencia entre representantes del Gobierno nacional y los gremios en conflicto, principalmente por la situación en el Hospital Garrahan.
La medida de fuerza fue anunciada por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien denunció la ausencia de autoridades con poder de decisión en la reunión convocada por la Secretaría de Trabajo. Según el dirigente, “no hubo ningún funcionario del Gobierno con una propuesta concreta. Un vacío total que resulta inadmisible para las y los trabajadores”.
El Consejo Directivo Nacional del gremio informó formalmente al Ministerio de Capital Humano que la jornada de protesta incluirá “paros, asambleas y movilizaciones en todas las instituciones de salud del país”. En un comunicado difundido públicamente, ATE cuestionó con dureza lo que considera una “crisis sanitaria provocada por el Gobierno con su política de desfinanciamiento del sistema de salud pública”.
El texto agrega que “los salarios son insuficientes y las paritarias profundizan el recorte salarial”, lo que, según el gremio, ha generado “el éxodo de personal altamente calificado” y situaciones de persecución e intimidación hacia trabajadores que ejercen el derecho a huelga. También señalaron que el conflicto en el Hospital Garrahan refleja con crudeza esta situación, advirtiendo que “las infancias están corriendo riesgo de vida”.
Desde ATE, exigieron una nueva convocatoria a negociación con la participación de las carteras de Economía y Salud, y “respuestas concretas a las demandas”.
Por su parte, el Gobierno nacional reaccionó con dureza ante la medida de fuerza. Desde el Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones, se emitió un comunicado en el que se calificó el paro como “una extorsión política disfrazada de reclamo”. Además, se repudió el accionar de ATE por no acatar la conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo.
“El derecho a la salud de los argentinos no puede ser rehén de intereses políticos y gremiales”, expresó la cartera sanitaria, y afirmó que “los trabajadores de la salud que eligen no asistir a sus funciones están violando obligaciones básicas que afectan directamente a personas vulnerables”.
En ese sentido, remarcaron que “los hospitales nacionales no son campos de batalla gremial, sino lugares de atención, vocación y compromiso”, y advirtieron que no permitirán que “unos pocos sigan perjudicando el funcionamiento de todo el sistema por defender intereses propios”.
El conflicto sigue abierto y sin una nueva audiencia confirmada, mientras persiste la tensión entre los gremios y el Gobierno en un contexto de creciente malestar en el sector sanitario público.