Los clubes de la Primera División resolvieron convocar a un paro total del fútbol argentino entre el 5 y el 8 de marzo, en una decisión adoptada por unanimidad durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La medida implica la suspensión de la novena fecha de la Liga Profesional y de las restantes categorías, en rechazo a la denuncia presentada por el ente recaudador ARCA por presuntas irregularidades tributarias.
La determinación se produjo tras una exposición interna encabezada por Gustavo Lorenzo, director general de la entidad, quien mostró documentación oficial que, según sostuvo, acredita que la AFA no registra deudas exigibles ni declaraciones juradas pendientes. Con ese respaldo, los dirigentes interpretaron que la causa judicial en curso carece de sustento y acordaron avanzar con la interrupción de la actividad como señal de apoyo institucional.
El presidente de la AFA, Claudio Tapia, instó a los clubes a mantener una postura conjunta frente al conflicto. En ese marco, los representantes de la máxima categoría iniciaron gestiones para que el resto de las divisiones adhieran a la medida, algo que, según trascendió, contaría con amplio consenso.
El comunicado oficial
En un comunicado difundido tras la reunión, la AFA aseguró que “no tiene deuda alguna exigible” por las obligaciones fiscales mencionadas en la denuncia de ARCA y sostuvo que los pagos fueron realizados de manera anticipada a su vencimiento. La entidad calificó como improcedente que obligaciones aún no vencidas puedan configurar un delito penal tributario y señaló que la cuestión se encuentra bajo análisis de la Cámara de Apelaciones.
La resolución de suspender la fecha fue presentada como una respuesta institucional ante lo que los dirigentes consideran un embate contra la conducción del fútbol argentino.
La postura de los clubes
A la salida del encuentro, Fabián Berlanga, presidente de Vélez Sarsfield, manifestó su preocupación por lo que describió como una “persecución” hacia las instituciones deportivas. “Los clubes están creciendo y haciendo obras. Con aciertos y errores, siempre buscamos lo mejor. Hay cosas muy raras”, afirmó. También advirtió que no se descartan nuevas medidas si el conflicto escala.
Berlanga vinculó la situación con un trasfondo político y cuestionó supuestas presiones externas. Además, mencionó que tanto Tapia como otros dirigentes han sido afectados por decisiones judiciales recientes, entre ellas restricciones migratorias que luego fueron revisadas.
El origen de la causa
La investigación penal se inició el 12 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia de ARCA por presunta omisión en el pago de tributos vinculados a retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y aportes a la seguridad social. Según la acusación, las irregularidades se habrían extendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, con un perjuicio fiscal estimado en más de 19.350 millones de pesos.
La fiscalía encuadró los hechos en el Régimen Penal Tributario y citó como antecedente el fallo “Lambruschi” de la Corte Suprema, que establece que el delito se configura treinta días después del vencimiento legal para el depósito de fondos retenidos a terceros.
De acuerdo con la querella, los balances auditados reflejaban deudas fiscales millonarias pese a que la AFA registró ingresos significativos durante el período investigado y constituyó plazos fijos en moneda local y extranjera. La acusación sostiene que existía capacidad financiera para afrontar los compromisos.
Declaraciones y responsabilidades
En testimonios brindados el 10 de febrero, personal administrativo explicó que los pagos tributarios dependían de instrucciones del tesorero, Pablo Toviggino, y requerían firmas conjuntas de autoridades para su ejecución. También se indicó que la clave fiscal institucional estaba bajo la órbita de la presidencia.
El cronograma de indagatorias comenzará el 5 de marzo con la declaración de Tapia, seguido por otros integrantes de la conducción en los días posteriores. La Cámara Nacional en lo Penal Económico aún debe resolver recursos planteados por la defensa.
Autorización judicial para viajar
En paralelo, el juez Diego Amarante autorizó a Tapia a salir del país bajo una fianza de cinco millones de pesos para cumplir compromisos oficiales en Colombia y Brasil. El dirigente deberá informar su regreso en un plazo de 48 horas y presentar la documentación migratoria correspondiente, bajo apercibimiento de ejecución de la caución.
La medida regirá del 23 al 28 de febrero y no interfiere con las audiencias previstas en el expediente.
Con el paro confirmado, el fútbol argentino quedará paralizado durante el primer fin de semana de marzo en medio de una disputa judicial que tensiona a la dirigencia y abre un nuevo capítulo en la relación entre la AFA y el organismo recaudador.