El presidente de Paraguay, Santiago Peña, firmó un decreto que autoriza a las Fuerzas Armadas a intervenir en tareas de seguridad interna en todo el territorio nacional, ampliando su accionar más allá del Chaco y las zonas fronterizas hacia la Región Oriental.
La medida habilita la actuación militar frente a agrupaciones criminales y organizaciones con características terroristas, en un contexto que el Ejecutivo considera de expansión del crimen organizado a nivel nacional.
Reunión estratégica en Concepción
Tras la firma del decreto, Peña encabezó una reunión en el Centro de Operaciones del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), en la ciudad de Concepción. Del encuentro participaron altos mandos militares y el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Robert Alter.
El mandatario calificó la reunión como “estratégica” y señaló que se evaluaron acciones de defensa interna, así como mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad.
“Evaluamos las acciones de defensa interna y afianzamos nuestra cooperación bilateral en materia de seguridad. Mi respaldo a nuestras fuerzas de seguridad es absoluto y permanente. La orden es clara: no retroceder un solo paso ante el crimen organizado y grupos criminales con sesgos terroristas”, expresó el presidente.
Acuerdo con Estados Unidos y alcance del decreto
La decisión se produce semanas después de la firma del Acuerdo de Estatuto de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), suscrito entre Paraguay y Estados Unidos. El entendimiento establece que el personal militar estadounidense que se asiente en territorio paraguayo contará con exenciones e inmunidades similares a las del personal diplomático.
El acuerdo también contempla facilidades para el desplazamiento de buques y aeronaves, y establece un marco para la cooperación bilateral frente a desafíos vinculados al crimen organizado.
Con el nuevo decreto, el Gobierno amplía formalmente el rol de las Fuerzas Armadas en operaciones de defensa interna en todo el país, una decisión que marca un giro en la política de seguridad y que ya genera debate en distintos sectores políticos y sociales sobre el alcance y los límites de la participación militar en tareas de orden interno.