En una reciente alocución presidencial, el mandatario Javier Milei anunció la implementación de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que reforma significativamente el marco regulatorio de la Medicina Prepaga y realiza ajustes en la Ley de Obras Sociales.
Una de las medidas destacadas del decreto es la facultad de «revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones» de las empresas de medicina prepaga, permitiendo así una mayor regulación y control sobre los costos que afrontan los afiliados. Esta disposición pretende brindar transparencia y equidad en los servicios de salud privados.
En consonancia con estas modificaciones, se determinó la derogación de artículos que obligaban a las empresas de medicina prepaga a «transferir en caso de quiebra, cierre o cesación de actividades» a sus afiliados a otros prestadores, otorgando a las compañías una mayor flexibilidad en situaciones excepcionales.
Asimismo, el decreto impacta en la ley de Obras Sociales N° 23.660, estableciendo que las obras sociales sindicales, estatales, de administración mixta, del personal civil y militar «funcionarán como entidades de derecho público no estatal, con individualidad jurídica, financiera y administrativa». Estos cambios buscan optimizar la gestión y operación de estas entidades, adaptándolas a las necesidades actuales.
En otro frente, el gobierno ha introducido medidas para fomentar el uso de medicamentos por su nombre genérico. La nueva normativa establece que «toda receta o prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria expresando exclusivamente el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional». Esta disposición busca impulsar la utilización de medicamentos genéricos, promoviendo la accesibilidad y reduciendo costos para los pacientes.
Además, se ha incorporado la posibilidad de prescribir y dispensar medicamentos a través de recetas electrónicas, las cuales podrán ser firmadas mediante plataformas habilitadas para tal fin, como las de teleasistencia. Esta medida busca modernizar los procesos médicos, ofreciendo alternativas más eficientes y seguras, especialmente en el contexto de servicios de atención a distancia.
Estas reformas responden a la necesidad de adecuar el marco normativo a los desafíos y avances en el ámbito de la salud, buscando garantizar un sistema más equitativo, eficiente y adaptado a las demandas de la sociedad.