La comunidad Mbokajaty en San Ignacio enfrenta una crisis aguda por la reciente intrusión en su territorio, un área reconocida oficialmente por ley nacional. Los residentes han manifestado su inquietud ante este nuevo avance, mientras que el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA) brinda apoyo a la comunidad afectada. María Josefa Ramírez, conocida como «Kiki» Ramírez, referente del EMiPA y miembro del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), compartió con Radio Tupa Mbae detalles sobre la situación y la problemática de usurpación en los accesos principales de San Ignacio.
«Kiki» explicó a La Creíble FM 105.9 que la reciente invasión ha exacerbado los problemas para la comunidad Mbya Guaraní, que ya enfrenta desafíos estructurales y sociales que deberían ser gestionados por el Estado. A pesar de tener servicios básicos, la comunidad carece del apoyo necesario por parte de las autoridades y enfrenta dificultades adicionales, como el desmonte de áreas adyacentes. Ramírez enfatizó la necesidad de una solución integral y el respeto por los derechos indígenas, resaltando la importancia de los medios de comunicación para dar visibilidad a estos problemas.
Situación actual y contexto
Según Kiki Ramírez, el territorio en cuestión ha sido relevado oficialmente, habitado por dos comunidades indígenas. Sin embargo, en tiempos recientes, se ha registrado una creciente intrusión, con personas provenientes de Buenos Aires y otras regiones que han establecido reservas privadas y convenios con Ecología, sin respetar la ley que requiere consulta previa a las comunidades indígenas.
“Recientemente, una familia humilde fue colocada en un área donde una abuela de la comunidad estaba construyendo su casa”, explicó Ramírez. “Esto ocurre mientras las comunidades indígenas, que ya enfrentan problemas estructurales, se ven obligadas a cargar con problemas sociales ajenos, que deberían ser gestionados por el Estado”.
La comunidad Mbya Guaraní enfrenta una notable disparidad en el tratamiento de los problemas sociales. ‘Kiki’ Ramírez detalló que la comunidad está experimentando una grave desigualdad en la atención y solución de sus problemas, destacando cómo los problemas sociales no se manejan de manera equitativa. Explicó que “lo último que pasó fue que llevaron a una familia muy humilde con tres chicos como que los largaron ahí por decir, justamente en un lugar donde una abuela estaba construyendo su casa con otros miembros de la comunidad, había hecho una limpieza ahí en el monte y ahí en ese lugar van y les deja una familia con todas sus pertenencias y que se arreglen, digamos, ahí otra vez entre ellos”.
Ramírez criticó que, mientras los funcionarios y la policía justificaron la reubicación de la familia diciendo que se debía hacerle un lugar a una señora con niños, “la comunidad no tiene por qué hacerse cargo de los problemas sociales, no están en condiciones de ocuparse de otras personas, eso lo tiene que hacer el Estado”. La referente del EMiPA también lamentó la disparidad en el tratamiento, mencionando que en julio pasado, tras la destrucción de una vivienda de la comunidad Mbya, donde quedaron cinco niños sin techo, nadie se ocupó de ellos. «Lo que duele es el trato de la policía, la discriminación; hay videos, hay fotos del trato que tienen sobre todo los agentes policiales para con los indígenas, como si no tuvieran derecho, como si no fuesen personas. Eso es lo que más duele en toda esta situación», concluyó Ramírez.
Ubicación geográfica y estado legal del territorio
La ubicación de los incidentes se encuentra en la zona alrededor de la estación de servicio en San Ignacio. «Al llegar de Posadas a San Ignacio, te encontrás con la AXION. Desde allí, tenés que girar a la izquierda y avanzar unos tres o cuatro cuadros más. Después, doblás nuevamente a la izquierda y seguís hasta el fondo. La zona está situada junto al río, cerca de las playas. Está un poco alejada, pero se ubica en la costa del río», detalló Ramírez. Este territorio es parte de una reserva indígena reconocida por ley, y la comunidad posee la documentación que respalda su derecho sobre estas tierras.
Ramírez detalló que las comunidades cuentan con servicios básicos como educación, electricidad y agua, pero su principal demanda es «poder vivir en paz y seguridad en su territorio legítimo». Sin embargo, enfrentan restricciones y conflictos constantes debido a la invasión de su espacio por actores externos.
A pesar de los esfuerzos de la comunidad y de EMiPA, las respuestas oficiales han sido insuficientes. Ramírez expresó su frustración con la falta de apoyo por parte de las autoridades municipales y provinciales, así como la escasa atención de la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes. La comunidad también enfrenta desafíos relacionados con el desmonte de áreas adyacentes, que agravan la situación.
En el contexto nacional, los desafíos enfrentados por la comunidad Mbya Guaraní en San Ignacio tienen paralelismos con situaciones similares en otras provincias, como Chaco, donde también se observa un aumento en el desmonte y la explotación de recursos naturales en territorios indígenas. Ramírez advirtió sobre la creciente influencia del extractivismo y la dificultad para protestar o defender los derechos indígenas en el marco actual.
La situación en Mbokajaty en San Ignacio, resalta la necesidad urgente de una solución integral y el respeto por los derechos indígenas en Argentina. La comunidad y los defensores de los derechos indígenas, como el EMiPA, siguen luchando por el reconocimiento y la protección de sus territorios. “Agradecemos el apoyo de los medios de comunicación, su rol es crucial para visibilizar nuestra causa y presionar por soluciones efectivas”, concluyó Ramírez.
