La reciente designación de Geraldine Calvella como directora de Fiscalización de Centros de Documentación en el Registro Nacional de las Personas (Renaper), con un salario bruto de $2.732.002, ha generado un intenso debate y descontento dentro del Gobierno.
La falta de experiencia de Calvella en el área y el elevado sueldo asignado han desatado críticas y señalamientos hacia el subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, quien se responsabiliza por la nominación.
Según fuentes gubernamentales, la decisión de designar a Calvella sin experiencia previa en el rubro ha sido atribuida a Pareja, quien anteriormente desempeñó un rol como armador político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Este nombramiento ha generado malestar entre dirigentes del oficialismo, quienes expresan su descontento con la gestión de Pareja y su influencia en los nombramientos de cargos importantes.
Uno de los puntos de conflicto radica en la supuesta injerencia de Pareja en la selección de personal para puestos clave en distintas dependencias nacionales en la provincia de Buenos Aires. Se afirma que Pareja ha priorizado la designación de su propia gente en detrimento de profesionales propuestos por legisladores nacionales, generando tensiones y disputas internas.
La designación de Calvella, quien se desempeñaba como responsable del armado político territorial en la séptima sección electoral de la provincia de Buenos Aires, ha puesto en evidencia las fricciones existentes entre los sectores libertarios y el grupo liderado por Pareja, de origen peronista. Estas tensiones se remontan al proceso de armado de listas durante la campaña electoral, durante la cual La Libertad Avanza fue investigada por supuestas irregularidades en la venta de candidaturas.
La polémica se intensificó aún más después de que Pareja elogiara la gestión de la secretaría de Integración Socio Urbana durante el gobierno de Alberto Fernández, lo que generó críticas por parte de algunos sectores del Ejecutivo. Además, se cuestiona la supuesta intención de Pareja de controlar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) para fines personales, en detrimento de los objetivos gubernamentales.
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Este episodio evidencia las tensiones internas y los desafíos de articulación dentro del Gobierno, reflejando disputas por el control de áreas estratégicas y recursos financieros. La falta de consenso y transparencia en los procesos de nombramiento y gestión puede afectar la credibilidad y eficacia del Gobierno en la implementación de políticas públicas.