La situación de la libertad religiosa en Nicaragua atraviesa un nuevo capítulo de restricciones. La prohibición de las misiones pastorales en la Diócesis de León y el endurecimiento de las limitaciones a celebraciones públicas de la Iglesia Católica en Managua y otras ciudades han encendido nuevas alertas entre defensores de derechos humanos y líderes en el exilio.
La investigadora nicaragüense Martha Patricia Molina denunció que el panorama “ha empeorado” en las últimas semanas. Según explicó, las autoridades ordenaron al clero de León —diócesis que abarca los departamentos de León y Chinandega— suspender las misiones casa por casa y limitar sus actividades al interior de los templos. “Hagan sus cosas adentro” y permanezcan en “sus parroquias”, habría sido la instrucción transmitida a los sacerdotes.
Molina, autora del informe Nicaragua: Una Iglesia perseguida, sostiene que desde 2018 se han documentado 1.070 ataques contra la Iglesia Católica y la prohibición de más de 16.500 procesiones religiosas, cifras que —afirma— continúan en aumento. Además, denuncia que sacerdotes han sido retirados de celebraciones religiosas para ser interrogados o amenazados, y que enfrentan controles policiales como la exigencia de reportes semanales y revisión de sus teléfonos móviles.
Hasta el cierre de esta edición, la Diócesis de León no había emitido una declaración pública sobre la prohibición.
Restricciones a festividades tradicionales
Las limitaciones no se reducen a León. Diversas celebraciones tradicionales han sido suspendidas o confinadas a los atrios de los templos. Entre ellas figura el “tope de santos” en Diriamba, festividad en honor a San Sebastián, en la que tradicionalmente participan numerosas imágenes y fieles. Este año, según denuncias recogidas por medios locales, las imágenes solo pudieron salir hasta el atrio de la iglesia.
Situaciones similares se habrían registrado en celebraciones en honor a la Virgen de Candelaria en Managua, así como en fiestas patronales en Jinotepe, Boaco y Masaya. También se reportó la cancelación del tradicional encuentro de imágenes en el municipio de La Concepción, en Masaya.
De acuerdo con testimonios de sacerdotes en el exilio, las actividades religiosas que aún se permiten se desarrollan bajo presencia policial. En algunos casos, las imágenes son trasladadas en vehículos custodiados por agentes para evitar que los fieles las carguen en procesión.
Paralelamente, autoridades municipales han organizado eventos recreativos y espectáculos en los alrededores de parroquias durante fechas religiosas, lo que críticos interpretan como intentos de restar protagonismo a las celebraciones tradicionales.
Denuncias de persecución religiosa
Félix Maradiaga, presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua, afirmó que las medidas recientes evidencian una estrategia más amplia de control. A su juicio, el gobierno “ya no se limita a hostigar a líderes religiosos o cancelar procesiones”, sino que ahora intenta impedir expresiones de fe en la vida cotidiana, incluyendo la predicación puerta a puerta, afectando también a comunidades evangélicas.
En la misma línea, el exembajador nicaragüense ante la OEA Arturo McFields señaló que el conflicto trasciende lo político y tiene una dimensión espiritual. Según expresó, la represión y la censura buscan debilitar la fe de la población, tanto católica como evangélica.
Por su parte, el obispo auxiliar de Managua, Mons. Silvio Báez, llamó recientemente a los fieles a ser “luz del mundo” frente a lo que describió como “tinieblas del poder despótico y cruel que amenaza, intimida y oprime”, durante una homilía celebrada el 8 de febrero.
Contexto de tensión prolongada
Las restricciones a procesiones y actos públicos religiosos se remontan a 2022, en medio de un clima de tensión entre el Gobierno y la Iglesia Católica. Desde entonces, varias diócesis han reportado cancelaciones de actividades masivas, así como la salida al exilio o expulsión de miembros del clero.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos continúan señalando un deterioro sostenido de las libertades civiles en el país. En el ámbito religioso, las nuevas prohibiciones refuerzan la percepción de un control cada vez más estricto sobre las manifestaciones públicas de fe en Nicaragua.