Nahuel Agustín Gallo, gendarme argentino detenido desde el 8 de diciembre de 2024 en Venezuela, comenzó una huelga de hambre en la cárcel El Rodeo I, en las afueras de Caracas, junto a más de 100 presos políticos. La medida de protesta busca exigir su liberación después de quedar fuera de la Ley de Amnistía que el gobierno chavista promulgó en los últimos días.
La información fue difundida por su esposa, María Alexandra Gómez, quien denunció la situación a través de sus redes sociales. “Lo que están haciendo cruzó el límite de lo inhumano”, escribió, y responsabilizó al director del penal, Martínez Rangel, y a las autoridades venezolanas por cualquier consecuencia que pudiera sufrir Gallo y los demás detenidos.
Según Gómez, la Ley de Amnistía excluyó a presos como su marido, y reclamó que se agilicen las liberaciones de quienes, asegura, son inocentes. “Nahuel es inocente y tiene que ser liberado YA”, afirmó. También cuestionó la actuación de organismos internacionales: “¿Qué está haciendo la ONU frente a la violación constante de los derechos humanos? Nahuel lleva 441 días en desaparición forzada; esta huelga de hambre agrava su situación”.
El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, confirmó que alrededor de 100 presos políticos iniciaron la huelga de hambre y que se está intentando verificar su situación. La abogada y activista Tamara Suju, directora del Instituto Casla, precisó que la mayoría son militares, aunque también hay civiles y extranjeros, todos exigiendo libertad.
La Ley de Amnistía, aprobada por la Asamblea Nacional chavista, contempla la liberación de presos políticos comprendidos entre 1999 y 2026. Sin embargo, según Foro Penal, al menos 400 detenidos —principalmente militares— quedaron excluidos, lo que generó críticas sobre la discriminación e inconstitucionalidad de la medida. La organización entregará a la comisión parlamentaria una lista de 232 casos para su revisión.
Familiares de los detenidos han acampado durante más de un mes frente a El Rodeo I y otros centros, reclamando mayor celeridad en las excarcelaciones. En declaraciones a AFP, expresaron su frustración ante la falta de información y los retrasos. “Queremos irnos a nuestros hogares. ¡Basta de abuso de poder y violaciones de derechos humanos!”, aseguró Yessy Orozco, hija de un detenido.
Por el momento, el penal mantiene el acceso restringido y no permite visitas familiares. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió “celeridad” a la comisión especial que revisa los casos no incluidos en la Ley de Amnistía y defendió la medida como “un paso hacia una Venezuela más democrática, justa y libre”.
