El Gobierno nacional ha implementado una nueva medida que permite la suspensión de beneficios sociales para aquellos que participen en piquetes o en acciones que alteren el orden público. Esta resolución, emitida por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, entra en vigor en medio de tensiones luego de los enfrentamientos ocurridos recientemente en Buenos Aires.
La normativa afecta a programas como «Volver al Trabajo» y «Acompañamiento Social», anteriormente conocidos como Potenciar Trabajo, que cuentan con más de 1.200.000 beneficiarios. Entre las acciones consideradas como «infracciones» se incluyen no solo los piquetes y actos de violencia, sino también la interrupción del tránsito y la alteración del orden público, así como los gastos realizados en el extranjero.
La implementación de esta medida surge en el contexto de un reciente enfrentamiento entre la Policía de la Ciudad y manifestantes, que dejó varios heridos y detenidos, así como daños materiales significativos. La resolución busca establecer un marco de conducta para los beneficiarios de planes sociales y promover la paz social en el país.