En un movimiento sin precedentes, el Gobierno Nacional ha revelado el viernes una serie de medidas audaces destinadas a transformar radicalmente el sistema de registros automotores en el país. Según un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Justicia, se llevará a cabo la eliminación del 40% de los registros existentes y se dejará de requerir la cédula azul para circular con un vehículo.
A partir de mayo, los conductores podrán circular únicamente con la exhibición -ya sea en formato físico o digital- de la cédula verde, la cual no tendrá fecha de vencimiento. Esta medida supone un alivio significativo en términos de trámites burocráticos para los propietarios de vehículos en todo el territorio argentino.
La decisión de clausurar el 40% de los Registros Automotores se llevará a cabo de manera progresiva, comenzando por aquellos que han estado bajo intervención durante más de dos años. Además, se reducirá en un 30% el personal de la Dirección de Registros Automotor, mediante un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.
Entre otras reformas destacadas, se propone la digitalización completa de los legajos de los vehículos, con el objetivo de establecer un registro digital único y completo, lo que permitirá la eliminación de los legajos físicos.
En un esfuerzo por reducir los costos asociados con las transferencias de vehículos, el Gobierno también propondrá a las provincias la adhesión a la reducción de impuestos de sellos y patentes provinciales, que actualmente representan hasta el 70% del costo total de una transferencia.
Además, se implementará un régimen de concursos transparentes para evitar la contratación de personas que hayan ocupado cargos políticos en los últimos 10 años, así como una auditoría del sistema de fiscalización de los registros seccionales por parte de la Subsecretaría de Asuntos Registrales.
La derogación del régimen que otorga el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos y la impresión de las patentes automotores es otra medida destacada, que se espera que fomente la competencia entre los proveedores y conduzca a una mejora en los precios.
Por último, se anuncia un aumento significativo en el monto que los ciudadanos deben informar al Estado sobre el origen de los fondos para adquirir un vehículo, como parte de un esfuerzo más amplio por fortalecer la transparencia en el sector automotor.
Tras la implementación de estas medidas, el Ministerio de Justicia iniciará la segunda etapa de la auditoría, que se centrará en revisar el contrato general de administración de los Registros Automotores, acelerar su digitalización y reducir aún más los costos asociados con las transferencias y patentamientos.