En medio de tensiones financieras, la provincia de Misiones se encuentra en alerta ante la acumulación de una deuda por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) que asciende a la considerable cifra de $34.000 millones. Esta deuda, que se arrastra desde la presidencia de Mauricio Macri hasta la salida de Alberto Fernández, amenaza con afectar las movilidades de los haberes previsionales de los estatales.
La situación se torna crítica debido a un severo recorte de fondos previsionales anunciado por el presidente Javier Milei a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 280/2024. Este decreto modificó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2024, poniendo fin a un acuerdo tradicional que había estado vigente independientemente del gobierno de turno en la Casa Rosada.
La medida, que afecta a trece provincias que no transfirieron sus cajas previsionales en la década del 90, compromete la capacidad de compensar déficits y aplicar movilidades salariales. En el caso específico de Misiones, la decisión presidencial pone en riesgo la continuidad del pago actualizado de la movilidad jubilatoria para los beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPSM).
Ante esta situación, las autoridades misioneras han enviado reclamos a la ANSeS y otros funcionarios con quienes mantienen diálogo respecto a las demandas provinciales frente al ajuste nacional. Si bien este paso busca agotar la vía administrativa, se contempla la posibilidad de recurrir nuevamente a una demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia.
De concretarse esta acción, Misiones se sumaría a otras provincias como Santa Fe, La Pampa y Córdoba, que ya están trabajando en el escrito correspondiente. Sin embargo, aún está por definirse la postura de otras jurisdicciones afectadas por este recorte de fondos.
En los despachos misioneros se calcula que la deuda de los últimos cinco años asciende a la considerable suma de $33.594 millones, más intereses, adeudados desde 2019 hasta la actualidad. Las autoridades provinciales han exigido una respuesta de la Nación para evitar una denuncia judicial, solicitando un convenio de pago de la deuda y una propuesta de acuerdo para el período de 2024 en adelante.
Además, en el mismo DNU 280/2024, se puso fin de manera formal al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), lo que representa una nueva complicación para las provincias, que ahora deberán afrontar la falta de recursos para el pago de los docentes.
Esta situación plantea un desafío financiero significativo para Misiones y otras provincias argentinas, que deben hacer frente a la necesidad de proteger los derechos previsionales de sus ciudadanos en un contexto económico y político complejo. Con información de Primera Edición