El Poder Judicial avanza junto al Gobierno provincial en la puesta en marcha del nuevo sistema para menores en conflicto con la ley. La reforma prioriza la escucha temprana, el abordaje integral y la articulación interinstitucional, aunque plantea importantes desafíos financieros para la provincia.
La provincia de Misiones avanza en el proceso de adecuación e implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, una reforma que propone cambios profundos en la manera de abordar los delitos cometidos por menores de edad. El nuevo esquema busca garantizar estándares internacionales de protección de derechos, fortalecer la intervención temprana de la Justicia y promover la reinserción social de los adolescentes involucrados.
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, el ministro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Juan Manuel Díaz, explicó los avances alcanzados durante la etapa de planificación y destacó el trabajo conjunto que se desarrolla entre el Poder Judicial y distintos organismos del Estado provincial.
Según detalló, el proceso comenzó con un relevamiento interno para evaluar las capacidades existentes dentro del fuero especializado y recoger aportes de los equipos técnicos. A partir de ese diagnóstico, se diseñaron las primeras herramientas normativas para la aplicación del nuevo régimen.
“Misiones es pionera avanzando en la implementación de este régimen con un gran esfuerzo, primero a través de un proceso de escucha institucional interna dentro de la estructura del Poder Judicial con los actores especializados”, señaló Díaz.
Un modelo centrado en los derechos de los jóvenes
Uno de los aspectos centrales de la reforma es garantizar que los adolescentes tengan contacto directo y temprano con las autoridades judiciales desde el inicio del proceso, respetando plenamente sus derechos constitucionales.
En ese sentido, Díaz destacó que el nuevo régimen incorpora como principio fundamental el derecho de los jóvenes a ser escuchados desde las primeras etapas de la actuación judicial. “Existe el derecho a ser oído como premisa dentro del régimen penal juvenil, en una instancia muy temprana dentro del proceso”, afirmó.
Además, explicó que se busca utilizar un lenguaje claro y accesible para que los adolescentes comprendan su situación procesal y las decisiones adoptadas por la Justicia.
La reforma también incorpora una mirada integral sobre cada caso. Más allá de la investigación del hecho delictivo, se analizarán factores sociales, educativos, familiares y de salud que permitan comprender el contexto de cada joven y definir estrategias de acompañamiento más efectivas.
Trabajo articulado para la reintegración social
La implementación del régimen requiere la participación de múltiples organismos estatales. Por ello, el Poder Judicial ya inició instancias de coordinación con diferentes áreas del Ejecutivo provincial para diseñar políticas de contención, formación y acompañamiento destinadas a los adolescentes alcanzados por el sistema.
“Convocamos a esos actores y generamos mesas de trabajo y de coordinación y articulación con distintos funcionarios del Ejecutivo provincial”, indicó el ministro.
Entre los espacios creados se encuentra una mesa de reintegración social integrada por representantes de distintas áreas gubernamentales. Allí participan organismos vinculados al empleo, el deporte, la cultura y la asistencia social, con el objetivo de generar oportunidades de capacitación, inclusión y desarrollo para los jóvenes.
“Hay una mesa de reintegración social en donde el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Deporte, Cultura y otros actores se nuclean para poder darles una oportunidad”, sostuvo.
El desafío de financiar el nuevo sistema
Más allá de los avances institucionales, Díaz advirtió que la puesta en funcionamiento del Régimen Penal Juvenil implicará una importante inversión en infraestructura, personal especializado y programas de seguimiento.
El magistrado señaló que la implementación de la normativa nacional no contempla partidas específicas de financiamiento para las provincias, por lo que los costos operativos deberán ser absorbidos por los presupuestos locales.
“Hay una cuestión de recursos que también va a demandar la operatividad del sistema, una decisión tomada por el Estado nacional de la cual las provincias tienen que hacerse cargo”, concluyó.
De esta manera, Misiones continúa avanzando en la construcción de un modelo que busca combinar la responsabilidad penal juvenil con herramientas de inclusión social, apostando a la prevención de la reincidencia y a la generación de nuevas oportunidades para los adolescentes en conflicto con la ley.