La provincia de Misiones ha presentado una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) contra el gobierno encabezado por Javier Milei, reclamando aproximadamente 3.000 millones de pesos en concepto de Incentivo y Fondo Compensador. Esta acción legal se suma a la previamente emprendida por la “poda” de facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y la desregulación del mercado yerbatero.
El escrito, presentado por el Estado provincial, resalta la necesidad de garantizar los fondos correspondientes al Fondo de Incentivo Docente (FONID) y al compensador salarial para los educadores. El expediente en la Corte Suprema lleva el número 215/2024, y está siendo representado por el abogado David Pischik de la Fiscalía de Estado misionera.
Además de la acción judicial, Misiones ha solicitado un amparo para asegurar la continuidad de la remisión de fondos. En una comunicación dirigida al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se detalla que las deudas correspondientes a los años 2023 y 2024 ascienden a un total de $1.574.950.605,34 y $1.394.678.871,28 respectivamente.
La falta de respuesta por parte del gobierno nacional ha llevado al gobernador Hugo Passalacqua a tomar medidas inmediatas para garantizar el pago de los educadores de la provincia. A pesar de la ausencia de fondos provenientes de la Nación, Misiones ha decidido adelantar con recursos propios el pago de compensaciones salariales y el FONID correspondientes a noviembre y diciembre de 2023, así como las cuotas de enero de 2024.
Esta acción legal de Misiones encuentra eco en otras provincias argentinas. En el caso de La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela se ha sumado al reclamo ante la Corte Suprema por el Incentivo Docente y la compensación nacional salarial, denunciando la arbitrariedad de las decisiones administrativas del gobierno nacional que afectan directamente los fondos asignados a las provincias.
Por su parte, Corrientes ha anunciado que absorberá el pago del FONID con recursos propios, ante el recorte de fondos por parte del gobierno nacional.
En el ámbito educativo, las provincias se han reunido de manera virtual para discutir una postura común ante la convocatoria del Consejo Federal de Educación (CFE). Sin embargo, se ha acordado que la reunión no se llevará a cabo si el gobierno nacional no garantiza el financiamiento del compensador y el FONID.
Este paso refleja la preocupación de las provincias ante la incertidumbre financiera y la necesidad de proteger los derechos y garantías constitucionales de los educadores y la comunidad educativa en su conjunto. Con información de Primera Edición