El Gobierno de Misiones oficializó este lunes la puesta en marcha de exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios provinciales, personal de seguridad y agentes del sistema de salud pública. La medida quedó formalizada mediante el Decreto N.º 776, publicado hoy en el Boletín Oficial, y se enmarca en la declaración de 2026 como “Año de la Prevención de Consumos Problemáticos y Adicciones”.
La normativa, impulsada por el gobernador Hugo Passalacqua, establece controles anuales y aleatorios destinados a detectar la presencia de metabolitos de sustancias psicotrópicas ilegales en organismos de funcionarios y trabajadores estatales que desempeñan funciones estratégicas.
El decreto alcanza al gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo, además de autoridades de organismos descentralizados, entes autárquicos y miembros de directorios de sociedades con participación estatal mayoritaria.
También estarán sujetos a los controles el personal operativo y jerárquico de la Policía de Misiones y del Servicio Penitenciario Provincial, así como agentes vinculados al sistema sanitario, incluyendo el Ministerio de Salud Pública, el Parque de la Salud y la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones.
Según lo dispuesto, los primeros estudios deberán realizarse dentro de los próximos 90 días hábiles desde la publicación de la norma. En tanto, quienes asuman cargos con posterioridad deberán someterse a los exámenes dentro del mismo plazo desde su designación.
El Ejecutivo provincial argumentó que la iniciativa apunta a reforzar la transparencia institucional y garantizar la idoneidad en el ejercicio de la función pública. Además, sostiene que busca impedir que el consumo de sustancias ilegales afecte la capacidad de decisión de quienes cumplen responsabilidades estatales.
Cómo serán los controles
Los exámenes serán realizados bajo protocolos médicos específicos para asegurar la validez de las muestras y el resguardo de la confidencialidad. La selección de los agentes será aleatoria y periódica.
El decreto establece que, en caso de detectarse sustancias prohibidas, la autoridad de aplicación elevará un informe a la máxima autoridad del organismo correspondiente, que deberá activar los mecanismos previstos por la legislación vigente.
En el caso de funcionarios políticos, el Gobierno evaluará la continuidad en el cargo o el eventual relevo de funciones. Para integrantes de fuerzas de seguridad y personal sanitario, las autoridades podrán disponer licencias, suspensiones temporales o el cese en la función pública, dependiendo de cada situación.
La normativa también contempla el acceso a mecanismos de asistencia integral para personas con consumos problemáticos, mediante abordajes interdisciplinarios orientados a la recuperación y reinserción laboral y social.
Sustancias incluidas y auditoría externa
Entre las sustancias que deberán descartarse en los análisis figuran metabolitos de cannabinoides, cocaína, opioides, anfetaminas, metanfetaminas, MDMA, MDA y barbitúricos, salvo en casos con prescripción médica acreditada.
El Ministerio de Salud Pública será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la reglamentación del procedimiento en un plazo máximo de 30 días. Además, convocará al Colegio de Médicos y al Colegio de Bioquímicos de Misiones para conformar un Comité de Auditoría Externa encargado de supervisar la calidad y transparencia de los procesos.
Finalmente, el decreto invita al Poder Legislativo, al Poder Judicial, organismos constitucionales y municipios de la provincia a adherir a medidas similares dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.