El presidente Javier Milei ha vetado en su totalidad la ley de mejoras jubilatorias aprobada recientemente por el Congreso, una decisión que se tomó a escasos días de finalizar el plazo reglamentario de 10 días para tal acción. Según el mandatario, la implementación de esta medida pondría en serio peligro las finanzas públicas, amenazando tanto el superávit fiscal como el plan económico en curso.
El veto fue formalizado tras una reunión en la Casa Rosada, donde Milei dialogó con diputados y senadores de su espacio político, La Libertad Avanza, y otros aliados en la Cámara baja. Durante el encuentro, se acordó una estrategia legislativa que busca asegurar el respaldo necesario para que el Congreso ratifique la decisión presidencial.
El decreto oficial que consigna el veto argumenta que la ley en cuestión es «manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente», al no contemplar el impacto fiscal que generaría ni definir la fuente de financiamiento correspondiente. Según información revelada por Infobae, el documento subraya la necesidad de que el Poder Legislativo actúe con «sensatez institucional y responsabilidad», evitando la aprobación de disposiciones que podrían comprometer la estabilidad financiera del país.
Entre los argumentos esgrimidos, se destaca la centralidad del Presupuesto Nacional, también conocido como la «ley de leyes». Este presupuesto se elabora en función del programa de gobierno aprobado por el electorado y del plan de inversiones públicas. En este contexto, el presupuesto vigente para 2024 no prevé una partida destinada a cubrir los gastos adicionales que implicaría la implementación de la ley vetada.
El impacto financiero de la ley, según el decreto, sería significativo: «De aplicarse, la medida implicaría un gasto adicional de aproximadamente 6,16 billones de pesos para 2024 y de 15,43 billones de pesos para 2025. Estas cifras representan el 1,02% y el 1,64% del Producto Bruto Interno (PBI) proyectado para esos años, respectivamente». Además, se estima que el gasto previsional de la ANSES aumentaría en un 18,5% en 2024 y un 29,2% en 2025, lo que representaría un incremento del 8% en el gasto primario de la Administración Nacional para ambos años.
El decreto concluye que la implementación de la ley haría inviable el cumplimiento de las metas fiscales establecidas por el Gobierno para el ejercicio fiscal actual y los siguientes. Infobae