En un acto que ha generado gran repercusión, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario apenas horas después de una multitudinaria movilización en defensa de la educación pública, protagonizada por estudiantes, docentes y trabajadores de universidades nacionales en todo el país. La medida fue formalizada a través del Decreto 879/2024, publicado en el Boletín Oficial el jueves por la madrugada, estableciendo el rechazo al proyecto de ley Nº 27.757, aprobado por el Congreso el 12 de septiembre de 2024.
El veto había sido anticipado por la Oficina del Presidente mediante un comunicado en la red social X, en el que se advirtió que el mandatario rechazaría cualquier proyecto que no contemplara fuentes de financiamiento específicas ni asegurara el equilibrio fiscal. La justificación oficial señalaba que la ley vulneraba las disposiciones legales vigentes al no especificar los recursos para cubrir los aumentos en gastos de funcionamiento y salarios en las universidades.
Rechazo desde el ámbito académico y político
La decisión del Ejecutivo desencadenó una ola de reacciones. En la Ciudad de Buenos Aires, miles de personas se congregaron frente al Congreso Nacional en una manifestación encabezada por la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Frente Sindical de Universidades Nacionales, y el Consejo Interuniversitario Nacional. En el acto central, se leyó un documento titulado “La universidad pública, base de la democracia y el desarrollo social, lucha por su supervivencia”, el cual destacó la importancia de la educación pública como un pilar de la sociedad y denunció la crisis del financiamiento universitario.
Durante la movilización, líderes de diversas organizaciones políticas y sindicales, entre ellos representantes de la Unión Cívica Radical, La Cámpora, y el Frente de Izquierda, expresaron su rechazo al veto presidencial. Entre los principales referentes presentes estuvieron Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau, y Cristina Kirchner.
Impacto del veto y preocupación por el futuro
El veto presidencial ha generado una profunda preocupación en el ámbito educativo, principalmente por las implicancias que tendrá en el presupuesto de 2025. En el documento leído al cierre del acto en la Plaza del Congreso, se destacaron diez puntos clave, incluyendo el deterioro de los salarios de docentes, el desmantelamiento del sistema científico, y el empeoramiento de las condiciones de vida de los estudiantes.
Con esta decisión, se abre un nuevo capítulo en el debate sobre el futuro de la educación pública en Argentina, en un contexto marcado por tensiones políticas y la incertidumbre sobre el presupuesto destinado al sistema universitario. Infobae