Desde su inicio en 1995, la privatización de la Vía Navegable Troncal del Paraná, crucial para el 90% de las exportaciones argentinas, ha estado marcada por una estrecha relación entre el Estado y la empresa privada concesionaria.
Durante años, la concesión estuvo en manos de Hidrovía SA, conformada por la dragadora belga Jan De Nul y la firma nacional Emepa.
Tras la finalización de la concesión en 2021, el Estado, a través de la Administración General de Puertos (AGP), continuó contratando directamente a Jan De Nul para el mantenimiento de la vía navegable, mientras que Emepa se encargó de la señalización mediante una “licitación corta” que se renueva automáticamente.
Sin embargo, aquellos que utilizan la hidrovía para exportar la producción argentina y contribuir a la economía nacional se han visto excluidos de las decisiones sobre el mantenimiento y la gestión de la vía fluvial.
Con la llegada del gobierno de Javier Milei, ha surgido una propuesta radical que busca empoderar a los actores privados en la gestión de la hidrovía.
El proyecto consiste en que las entidades y cámaras empresariales que representan la exportación argentina que utiliza la hidrovía elijan a la empresa encargada del dragado y del balizamiento. Una vez seleccionada, y con el precio del peaje acordado, estas entidades presentarán la propuesta al gobierno, que convocará a una licitación pública nacional e internacional basada en los parámetros establecidos por los privados.
Si durante la licitación alguna otra empresa ofrece mejores condiciones, podrá obtener el contrato, de lo contrario, la empresa seleccionada por los usuarios será la concesionaria.
Esta propuesta busca eliminar la negociación directa entre el gobierno y el concesionario, permitiendo que sean los interesados directos quienes establezcan las condiciones y tarifas más competitivas. Además, el Estado retendría el control sobre las condiciones técnicas y ambientales para garantizar la sostenibilidad ambiental de la hidrovía.