El Gobierno autorizó un desembolso de hasta $400.000 millones en anticipos de coparticipación para 12 jurisdicciones. La medida apunta a recomponer el vínculo con gobernadores y acelerar el tratamiento de proyectos clave en el Congreso.
El Gobierno nacional dispuso un adelanto millonario de fondos a las provincias en un intento por recomponer vínculos políticos y reactivar la agenda legislativa. La decisión, formalizada a través de un decreto que se publicará en el Boletín Oficial, habilita el desembolso de hasta $400.000 millones en concepto de anticipos de coparticipación para 12 distritos.
La medida se enmarca en una estrategia de la Casa Rosada para retomar la iniciativa política y acelerar el tratamiento de reformas en el Congreso, en un contexto marcado por la baja actividad parlamentaria durante marzo. En ese sentido, el oficialismo busca capitalizar una ventana de oportunidad en la que sectores aliados estarían dispuestos a acompañar proyectos impulsados por el Ejecutivo.
En la Cámara de Diputados, legisladores afines al oficialismo proyectan sesionar la próxima semana para avanzar con iniciativas como la modificación de la Ley de Glaciares y el denominado proyecto “Hojarasca”. La primera propuesta genera fuerte controversia, especialmente por el rechazo de sectores opositores y organizaciones ambientales, aunque en el oficialismo confían en reunir los votos necesarios para su aprobación con el respaldo de provincias mineras.
El vínculo con los gobernadores aparece como un factor clave para sostener la agenda reformista. Desde el entorno presidencial consideran que los acuerdos políticos alcanzados en los últimos meses se mantienen vigentes y apuestan a consolidarlos al menos hasta agosto, período en el que esperan imprimir mayor dinamismo legislativo.
En este marco, el adelanto de coparticipación alcanza tanto a provincias alineadas con el Gobierno —como Chaco, Mendoza, Salta, Tucumán, Catamarca y Misiones— como a distritos con posiciones más críticas, entre ellos La Rioja, Tierra del Fuego, Chubut, Corrientes, Río Negro y Santa Cruz. La inclusión de gobernaciones opositoras refleja un intento de ampliar los canales de diálogo en un escenario fiscal complejo.
La decisión oficial responde al deterioro de las cuentas provinciales, profundizado por la caída en la recaudación. En marzo, las transferencias automáticas registraron una baja del 11,3% respecto a febrero, acumulando ocho meses consecutivos de retroceso. En términos reales, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires habrían perdido más de $1,15 billones en el primer trimestre del año.
Frente a este escenario, el adelanto de fondos se presenta como una herramienta para aliviar tensiones financieras y evitar que las administraciones locales recurran al endeudamiento externo, donde las tasas de interés resultan considerablemente más elevadas. El mecanismo establece la devolución de los montos antes de fin de año, con una tasa del 15%.
En paralelo, el Gobierno busca ordenar la relación fiscal con las provincias, estableciendo límites a los pedidos recurrentes de asistencia. No obstante, tanto en Nación como en las jurisdicciones coinciden en que el margen fiscal es acotado. “Las vacas flacas son para todos”, reconocen desde el oficialismo.
En este contexto, incluso gobernadores con posiciones distantes del Ejecutivo han comenzado a mostrar señales de acercamiento. Casos como los de La Rioja o Tierra del Fuego reflejan una flexibilización en los vínculos, impulsada por la necesidad de recursos en medio de una situación económica adversa.
Con este esquema, el Gobierno apuesta a sostener el equilibrio fiscal mientras reconstruye acuerdos políticos que le permitan avanzar con su agenda de reformas en el Congreso.