El Gobierno nacional oficializó este lunes la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, a través del Decreto 480/2025 firmado por el presidente Javier Milei. La medida, tomada antes del vencimiento de las facultades delegadas por el Congreso, implica una profunda reestructuración del esquema de control vial y transporte en todo el país.
Como parte de los cambios, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será reemplazada por la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que funcionará bajo el Ministerio de Economía. Esta agencia tendrá a su cargo la fiscalización de concesiones viales y ferroviarias, el control del transporte automotor de pasajeros y cargas, la aplicación de sanciones y la resolución de conflictos contractuales. También deberá garantizar los derechos de los usuarios. Su titular será designado por el Poder Ejecutivo con rango de Subsecretario.
En paralelo, la Gendarmería Nacional Argentina asumirá las tareas de prevención y control del tránsito en las rutas nacionales, en lugar de la ahora eliminada ANSV. Las funciones que cumplía este organismo serán absorbidas por la Secretaría de Transporte, que también estará bajo la órbita del Ministerio de Economía.
Otro cambio de peso recae sobre la Dirección Nacional de Vialidad, cuyas responsabilidades y recursos pasarán directamente al Ministerio de Economía. Esto incluye los fondos, el personal y los activos de la DNV, permitiendo al Ejecutivo delegar esas funciones en otras jurisdicciones si así lo considera.
Por otro lado, la Junta de Seguridad en el Transporte será transformada en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, enfocándose exclusivamente en siniestros aeronáuticos. De esta manera, dejará de intervenir en investigaciones vinculadas al transporte ferroviario, automotor y fluvial.
El decreto también establece que el personal afectado por las disoluciones será reubicado en nuevas estructuras organizativas, conservando sus condiciones laborales. En cuanto a los bienes de los organismos eliminados, aquellos que no sean reutilizados serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su redistribución o eventual venta.