Tras 82 días detenido, el exmandatario venezolano Nicolás Maduro compareció este jueves ante la Corte Federal de Nueva York para solicitar la anulación del proceso en su contra por cargos de narcoterrorismo, en una audiencia clave que podría definir el rumbo judicial del caso.
La presentación fue dirigida al juez Alvin Hellerstein y se apoya en un planteo de la defensa encabezada por el abogado Barry J. Pollack, quien sostiene que el proceso vulnera derechos constitucionales contemplados en la Quinta y Sexta Enmienda de Estados Unidos. Sin embargo, fuentes judiciales anticipan que el tribunal de Manhattan consideraría improcedente ese argumento.
Según el escrito presentado, la defensa argumenta que Maduro no dispone de recursos para financiar su representación legal, lo que —a su entender— afectaría su derecho a elegir abogado. En ese marco, cuestiona la imposibilidad de acceder a fondos bloqueados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo que impediría garantizar una defensa adecuada.
No obstante, la acusación rebate esta postura al señalar que el sistema judicial estadounidense contempla la designación de un defensor público en caso de insolvencia, lo que asegura el cumplimiento de las garantías constitucionales sin necesidad de recurrir a fondos inmovilizados por sanciones internacionales.
Además, los fiscales sostienen que la defensa omite considerar el alcance de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que habilita al Ejecutivo estadounidense a restringir transacciones con gobiernos extranjeros por motivos de seguridad nacional, fundamento central para bloquear activos vinculados al caso.
En paralelo, el proceso judicial se apoya en un informe elaborado por la Administración para el Control de Drogas (DEA), que detalla presuntas conexiones entre el entorno de Maduro y redes internacionales vinculadas al narcotráfico y organizaciones consideradas terroristas. El dossier también menciona vínculos financieros y logísticos con Irán, así como operaciones que involucrarían a estructuras criminales en América Latina.
En la causa también están imputados la ex primera dama Cilia Flores, el ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello, el exfuncionario Ramón Rodríguez Chacín, Nicolás Maduro Guerra y Héctor “Niño Guerrero” Flores, señalado como líder del grupo criminal Tren de Aragua.
Otro de los puntos en discusión es un pedido de la fiscalía para restringir el acceso a las pruebas reunidas, con el objetivo de evitar que otros acusados puedan utilizarlas en su favor. De prosperar el planteo de la defensa, ese material podría ser compartido entre todos los imputados.
La audiencia está prevista para el mediodía en Nueva York, y se espera que el juez Hellerstein emita una resolución en las próximas horas. Todo indica que el tribunal se inclinaría por rechazar el pedido de nulidad y avanzar con el proceso judicial.