La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció que emprenderá acciones legales para salvaguardar su autonomía, luego de que el Gobierno decidiera que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) auditará sus gastos a partir del 28 de octubre. Según el rector Ricardo Gelpi, esta medida es una intervención inconstitucional del Poder Ejecutivo.
La decisión fue tomada en una reciente sesión del Consejo Superior de la UBA, que argumenta que la Constitución Nacional garantiza la autonomía universitaria, vinculando esta autonomía a la regulación del Congreso y desvinculando a las universidades del Poder Ejecutivo. La Corte Suprema ha reafirmado esta independencia, enfatizando que cualquier intervención del Ejecutivo en las universidades es inapropiada.
El Gobierno, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, defendió la auditoría, señalando que es necesaria para evitar el uso indebido de fondos públicos. «La gente merece saber en qué se gasta el dinero de sus impuestos: algunos parecen no entenderlo», expresó Adorni. Sin embargo, la UBA ya cuenta con un régimen de control interno bajo la Auditoría General de la Nación (AGN), creada por la Resolución (CS) N° 8237/13, y rechaza cualquier injerencia externa.
La Ley de Administración Financiera N° 24.156 limita la competencia de la SIGEN a las jurisdicciones del Poder Ejecutivo, excluyendo explícitamente a las universidades nacionales. De igual forma, la Ley de Educación Superior N° 24.521 establece que el control administrativo externo de las universidades corresponde a la AGN.
Ante esta situación, el Consejo Superior de la UBA ha instruido a la Dirección de Juicios para que inicie las acciones judiciales pertinentes, reafirmando la importancia de mantener la independencia de las universidades frente a cualquier intervención externa que comprometa su funcionamiento.
Ricardo Gelpi, rector de la UBA, aseguró que acatará “de manera irrestricta la resolución judicial”, subrayando que son los jueces, y no los funcionarios del Ejecutivo, quienes deben interpretar la Constitución y las leyes nacionales.
Este conflicto surge en un contexto de tensión en el ámbito universitario, marcado por tomas de edificios y protestas tras el veto al financiamiento universitario por parte del presidente Javier Milei. La controversia se ha intensificado con comentarios de Milei, quien ha cuestionado la gratuidad de la educación universitaria en Argentina. Infobae