La Justicia ordenó incautar maquinarias, instalaciones y documentación de la empresa, además de bloquear sus cuentas bancarias y restringir la salida del país de su socio gerente. La sindicatura deberá relevar las deudas salariales e indemnizatorias de los trabajadores afectados por el cierre de la planta, que dejó a unas 130 personas sin empleo.
La crisis del aserradero Linor SRL, que cerró su planta de Azara en mayo y dejó a unos 130 trabajadores sin empleo, ingresó en una nueva etapa judicial. El Juzgado Civil y Comercial Nº 8 de Posadas decretó la quiebra indirecta de la empresa y ordenó la incautación de sus bienes, instalaciones, maquinarias y documentación, con el objetivo de preservar el patrimonio y determinar las deudas pendientes.
La sentencia fue dictada el 15 de septiembre por el juzgado a cargo de Adriana Beatriz Fiori y se conoció públicamente este viernes a través del Boletín Oficial de Misiones. La medida corresponde al expediente 9385/2020 y fue adoptada por el incumplimiento de un acuerdo preventivo homologado judicialmente.
Con esta decisión, la administración y disposición de los bienes de la firma quedan sujetas al proceso de quiebra y a la intervención de la sindicatura designada por la Justicia. El procedimiento también apunta a establecer la situación de los acreedores, entre ellos los trabajadores que reclaman el pago de salarios e indemnizaciones tras el cierre del establecimiento.
Incautación de maquinarias y bloqueo de cuentas
Entre las principales disposiciones, el juzgado ordenó el desapoderamiento de los bienes de Linor SRL y su entrega inmediata a la sindicatura. La medida comprende inmuebles, instalaciones, maquinarias, vehículos, libros laborales y documentación contable.
Para garantizar su cumplimiento, la resolución autoriza el auxilio de la fuerza pública, la colocación de fajas de clausura y la realización de allanamientos, en caso de resultar necesarios. Además, mantiene las medidas de no innovar que ya se encontraban vigentes.
El fallo también dispone la inhibición general de bienes de la empresa y el bloqueo de sus cuentas bancarias, depósitos y valores. Asimismo, establece restricciones para que los administradores y terceros no realicen pagos ni entreguen bienes a la firma fuera de las condiciones previstas en el proceso judicial.
La empresa y sus administradores deberán entregar a la sindicatura los registros comerciales, laborales, contables e impositivos dentro de las 48 horas establecidas en la sentencia.
Las medidas se inscriben en el contexto de los reclamos que los trabajadores sostuvieron desde el cierre de la planta. En mayo, realizaron una vigilia y bloquearon los accesos al establecimiento ante el temor de que el retiro de maquinarias redujera las posibilidades de recuperar las deudas laborales.
En ese momento, el Sindicato de Obreros de la Industria Maderera había advertido sobre la situación patrimonial de la firma y promovido acciones para preservar los equipos y herramientas que permanecían en el predio.
Restricción para el socio gerente
La resolución judicial también alcanza a Juan Carlos Lorenzo, socio gerente de Linor SRL, sobre quien se dispuso la prohibición de salir del país hasta la presentación del informe general de la sindicatura.
Para hacer efectiva la medida, el juzgado ordenó comunicar la restricción a la Dirección Nacional de Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y otras fuerzas de seguridad.
Además, Lorenzo y los representantes de la empresa deberán colaborar con la Justicia y los síndicos designados. El incumplimiento de esas obligaciones podría derivar en una orden de comparecencia mediante la fuerza pública.
La sindicatura deberá determinar las deudas con los trabajadores
Uno de los puntos centrales de la sentencia es el relevamiento de las obligaciones laborales pendientes. El juzgado ordenó elaborar un informe individualizado de los trabajadores de la planta de Azara para establecer la situación de cada vínculo laboral y determinar los créditos correspondientes.
El documento deberá precisar las fechas de ingreso y desvinculación, las remuneraciones adeudadas, las indemnizaciones pendientes y la clasificación legal de cada crédito, de acuerdo con su origen y las prioridades de cobro previstas en la legislación concursal.
El plazo para presentar el informe es de 30 días desde la incautación de los libros laborales o la revisión de los expedientes pertinentes, según lo establecido en la resolución.
Sin embargo, el relevamiento no implica que el pago de los salarios e indemnizaciones esté garantizado ni que exista una fecha definida para concretarlo. La recuperación de esos montos dependerá de la determinación de las acreencias y del patrimonio disponible dentro del proceso de quiebra.
En relación con los demás acreedores, la sentencia establece que quienes ya habían verificado sus créditos durante el concurso preventivo no deberán iniciar nuevamente ese trámite, ya que la sindicatura recalculará los saldos correspondientes.
En cambio, quienes tengan créditos originados después de la presentación en concurso y antes de la declaración de quiebra deberán solicitar su verificación dentro de los 20 días hábiles posteriores al vencimiento de la publicación de los edictos.
Un conflicto que se agravó durante 2026
La declaración de quiebra se produce después de meses de dificultades económicas y reclamos laborales en una de las industrias madereras del sur de Misiones, dedicada principalmente a la fabricación de pallets.
En diciembre de 2025, el Sindicato de Obreros de la Industria Maderera ya había advertido sobre problemas económicos de larga data, deudas fiscales y embargos que afectaban el funcionamiento de la empresa. En ese período también se conocieron despidos y atrasos en el cumplimiento de las obligaciones laborales.
La situación se agravó en mayo de 2026, cuando la firma anunció que dejaría de operar. El cierre afectó a unos 130 trabajadores y motivó protestas para reclamar salarios atrasados, vacaciones e indemnizaciones.
A comienzos de junio, los empleados comenzaron a tramitar el fondo de desempleo, mientras el gremio insistía en el reclamo por el pago íntegro de las indemnizaciones. En paralelo, se habían impulsado medidas cautelares para evitar el retiro de bienes del establecimiento.
Con la quiebra decretada, el patrimonio de Linor SRL queda bajo control judicial y de la sindicatura. Para los exempleados, el próximo paso será determinar formalmente el alcance de las deudas laborales y las posibilidades de recuperar los montos que reclaman desde el cierre de la planta.
Fuente: Primera Edición.