La pobreza alcanzó al 34,4% de la población durante el segundo trimestre de 2026, mientras que la indigencia llegó al 8%. En comparación con el mismo período del año pasado, alrededor de 1,4 millones de personas pasaron a ser pobres y otras 560.000 quedaron en situación de indigencia. La situación es especialmente preocupante entre niños y adolescentes.
La pobreza volvió a aumentar en Argentina y alcanzó a casi 16,5 millones de personas durante el segundo trimestre de 2026. En tanto, la indigencia se ubicó en el 8% y afecta a unos 3,8 millones de habitantes, según un informe elaborado por la Universidad Católica Argentina (UCA) a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El relevamiento advierte un cambio en la evolución de los indicadores sociales, que acumulan tres trimestres consecutivos de incremento, luego de un período de descenso. La comparación interanual refleja un deterioro: en el segundo trimestre de 2025, la pobreza se ubicaba en el 31,8% y la indigencia, en el 6,9%.
En términos de población, esto significa que aproximadamente 1,4 millones de personas se incorporaron al grupo de quienes no cuentan con ingresos suficientes para cubrir la canasta básica total. A su vez, otras 560.000 pasaron a encontrarse por debajo de la línea de indigencia, que contempla los recursos necesarios para cubrir las necesidades alimentarias esenciales.
La comparación con el primer trimestre de 2026 también muestra un incremento. La pobreza pasó del 30% al 34,4%, mientras que la indigencia subió del 6,5% al 8%.
Si bien los valores actuales permanecen por debajo del máximo del 54,8% registrado durante el primer trimestre de 2024, la nueva suba vuelve a poner en evidencia las dificultades económicas que atraviesan numerosos hogares argentinos.
El empleo y la pérdida del poder adquisitivo
Entre los factores que explican el deterioro, el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA señala el debilitamiento del mercado laboral y la pérdida de poder adquisitivo frente al encarecimiento de los bienes y servicios esenciales.
La menor actividad económica estuvo acompañada por una reducción de los puestos de trabajo registrados y una mayor presencia de ocupaciones informales y precarias. En ese contexto, las changas, los empleos de pocas horas y los repartos mediante plataformas aparecen como alternativas para generar ingresos, aunque sin garantizar estabilidad laboral ni remuneraciones suficientes.
La situación también alcanza a quienes tienen empleo. El 23,5% de las personas ocupadas vive en hogares pobres y el 4,1% se encuentra en situación de indigencia. En el trimestre anterior, esos porcentajes eran del 20,7% y el 3,6%, respectivamente.
A este escenario se suma el incremento de los alimentos y otros productos que integran las canastas básicas, junto con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios registrados. También inciden los aumentos de las tarifas de electricidad, gas, agua y transporte, que obligan a las familias a destinar una mayor proporción de sus ingresos a gastos esenciales.
La pobreza infantil alcanza al 48%
Uno de los datos más preocupantes del relevamiento corresponde a la situación de niños y adolescentes. Durante el segundo trimestre de 2026, el 48% de los menores de 18 años vivía en hogares cuyos ingresos no alcanzaban para cubrir la canasta básica total.
La situación resulta aún más crítica entre los niños de 5 a 12 años, donde la pobreza llegó al 51,4%, frente al 45,3% registrado en el mismo período de 2025. En esa franja etaria, la indigencia también aumentó y alcanzó al 13,6%.
Entre los adolescentes de 13 a 17 años, la pobreza se ubicó en el 47,8% y la indigencia en el 11,4%. Por su parte, entre los niños de 0 a 4 años, los indicadores fueron del 39,9% y el 10%, respectivamente.
Las cifras muestran una brecha significativa respecto del promedio general de pobreza, que se ubicó en el 34,4%, y reflejan la mayor vulnerabilidad económica que atraviesa la población infantil.
Concordia, Gran Resistencia y Corrientes, entre los aglomerados más afectados
El deterioro de los indicadores también se observa en las principales áreas urbanas del país. De acuerdo con el relevamiento, la pobreza aumentó en 23 de los 31 aglomerados urbanos analizados en comparación con el primer trimestre de 2026.
Concordia, en Entre Ríos, registró el porcentaje más elevado, con el 57,4% de su población bajo la línea de pobreza y una indigencia del 15,4%. Le siguieron Gran Resistencia, en Chaco, con el 47,2%, y Corrientes, con el 43,6%.
Otro caso que sobresale es el de Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, en Chubut, donde la pobreza pasó del 26,1% en el segundo trimestre de 2025 al 42,9% en igual período de 2026.
En cuanto a la indigencia, el Gran La Plata presentó el registro más alto, con el 16,1%. En los partidos del Gran Buenos Aires, la pobreza alcanzó al 39,4% de la población y la indigencia al 10,4%.
En contraste, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró los porcentajes más bajos entre las áreas relevadas, con un 12,6% de pobreza y un 1,6% de indigencia.
Las carencias también se reflejan en vivienda y servicios básicos
El informe también expone que las dificultades económicas de los hogares no se limitan a la insuficiencia de ingresos, sino que se extienden a las condiciones habitacionales y al acceso a servicios esenciales.
Según los datos de la EPH, el 52,6% de la población urbana carece de al menos uno de los servicios básicos. Más de 12 millones de personas no cuentan con conexión a la red de gas, 9,2 millones no tienen acceso a desagües cloacales y otros 3,2 millones carecen de agua corriente.
En materia sanitaria, la pérdida de empleos registrados dejó a unas 486.000 personas sin cobertura de obras sociales o medicina prepaga. En consecuencia, el sistema público de salud constituye la única alternativa de atención para el 35,5% de la población.
Las condiciones de vivienda también reflejan las desigualdades. El 22% de los argentinos reside en hogares con materiales de construcción deficientes. Entre las personas en situación de indigencia, ese porcentaje asciende al 48,5%. Además, más de un millón de habitantes vive en condiciones de hacinamiento crítico.
Los indicadores reflejan un escenario de creciente vulnerabilidad social, con dificultades que afectan tanto los ingresos familiares como las posibilidades de acceso a la alimentación, la vivienda, la salud y los servicios básicos.