La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió una investigación preliminar para analizar los viajes realizados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica generada por el traslado de su esposa en el avión presidencial y otro desplazamiento familiar a Uruguay. Se trata de la primera causa judicial vinculada a estos hechos.
El organismo especializado en investigar posibles hechos de corrupción administrativa comenzó a revisar, en particular, el viaje de Bettina Angeletti, esposa del funcionario, quien acompañó a la comitiva oficial a Nueva York, Estados Unidos, a bordo de una aeronave oficial. La situación generó cuestionamientos políticos y denuncias judiciales debido a que, según las propias declaraciones del funcionario, su presencia no estaba vinculada a actividades oficiales.
Denuncias y cuestionamientos por el uso de recursos del Estado
La controversia derivó en presentaciones judiciales por parte de dirigentes políticos y abogados. Una de ellas fue realizada por el letrado Gregorio Dalbón ante la Cámara Federal. La causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo del magistrado Daniel Rafecas.
En su presentación, el abogado advirtió que, de confirmarse que la esposa del funcionario utilizó el avión presidencial sin desempeñar funciones oficiales, podría configurarse una utilización indebida de bienes del Estado, conducta contemplada en el artículo 260 del Código Penal argentino.
“Los bienes y recursos estatales sólo pueden ser utilizados con fines estrictamente vinculados al ejercicio de la función pública”, sostuvo el denunciante, quien cuestionó la posibilidad de que se hayan utilizado recursos públicos para fines personales.
Presentación de una diputada y críticas de la oposición
La diputada nacional Marcela Pagano también presentó una denuncia para que la Justicia investigue posibles irregularidades. La legisladora remarcó que el caso reviste “especial gravedad institucional”, ya que el propio Adorni había impulsado previamente medidas destinadas a restringir el uso de aeronaves oficiales.
Pagano recordó que en 2024 el entonces vocero presidencial anunció el decreto que prohibía utilizar aviones del Estado para trasladar familiares o realizar viajes ajenos a la agenda pública. Según la diputada, el episodio actual podría contradecir esa normativa.
Además, señaló que el funcionario ocupa un rol central en la administración de recursos estatales, lo que —a su entender— agrava las sospechas sobre la conducta denunciada.
Otra denuncia por un viaje a Punta del Este
La controversia se amplió luego de que trascendiera un viaje realizado por Adorni y su familia a Punta del Este, Uruguay, durante el feriado de carnaval. De acuerdo con documentación difundida por el periodista Sebastián Lacunza, el traslado se realizó en un avión privado modelo Hondajet que partió desde Argentina y aterrizó en el balneario uruguayo unos 35 minutos después.
En ese vuelo habrían viajado el funcionario, su esposa, dos menores de edad y el conductor de la TV Pública Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete.
La diputada Pagano presentó otra denuncia penal por presunto enriquecimiento ilícito, al considerar que el costo del vuelo privado podría no corresponderse con los ingresos declarados por el funcionario.
La defensa del funcionario y el respaldo del Gobierno
En medio del escándalo político, el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, manifestaron públicamente su respaldo a Adorni.
El jefe de Gabinete, por su parte, rechazó las acusaciones y aseguró que el viaje a Uruguay fue financiado con recursos propios. “El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta”, afirmó en una entrevista televisiva, aunque evitó brindar mayores detalles al señalar que se trata de aspectos de su vida privada.
Mientras tanto, la Justicia inició las primeras actuaciones para determinar si existieron irregularidades en el uso de recursos estatales o inconsistencias patrimoniales vinculadas a los viajes cuestionados.