El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue autorizado a viajar a Colombia y Brasil para cumplir compromisos oficiales, mientras continúa la investigación por retención indebida de aportes y presunta evasión impositiva.
El juez en lo penal económico Diego Amarante concedió a Claudio “Chiqui” Tapia un permiso de salida temporal del país entre el 23 y el 28 de febrero de 2026. La decisión le permitirá participar de un evento organizado por la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla y asistir posteriormente a una reunión del Consejo de la Conmebol en Río de Janeiro.
Condiciones y garantías
Tapia tenía vigente una restricción para salir del país con el objetivo de asegurar su presencia en el proceso judicial que lo investiga por presunta retención indebida de aportes de la seguridad social. El magistrado dispuso notificar la medida a los organismos competentes, entre ellos el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones, y verificó que el viaje no interfiriera con las audiencias indagatorias ya programadas.
La Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 9 avaló el pedido de la defensa bajo la condición de que se estableciera una caución suficiente. En ese marco, Amarante fijó una fianza de $5.000.000, que deberá depositarse electrónicamente en una cuenta del Banco de la Nación Argentina, sucursal Tribunales.
El dirigente deberá firmar un acta compromiso antes de partir y, dentro de las 48 horas de su regreso, informar su arribo al país mediante el sistema judicial LEX100, adjuntando el comprobante migratorio correspondiente. En caso de incumplimiento, el tribunal advirtió que podrá declararse su rebeldía, ejecutarse la fianza y ordenarse su captura inmediata.
El origen de la investigación
La causa se inició el 12 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia presentada por ARCA, el organismo recaudador nacional. Según la querella, la AFA habría omitido de manera sistemática la retención y el depósito de aportes de la seguridad social, generando un perjuicio fiscal superior a $19.350 millones.
Las maniobras investigadas se habrían extendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 e incluirían deudas vinculadas con retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones patronales. Los hechos fueron encuadrados en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario, con sustento en el precedente “Lambruschi” de la Corte Suprema, que establece que el delito se configura transcurridos 30 días del vencimiento legal para el depósito de fondos retenidos.
Situación financiera y responsabilidades
De acuerdo con la denuncia, la omisión de pagos no obedecería a una falta de recursos. El análisis contable señala que la AFA recibió más de $45.072 millones en acreditaciones bancarias durante diciembre de 2024 y registró ingresos por más de $453.449 millones en 2025. En paralelo, la conducción habría constituido plazos fijos en pesos y dólares, lo que —según la acusación— evidenciaría la posibilidad material de cumplir con las obligaciones fiscales.
Testimonios incorporados al expediente describieron el mecanismo interno de pago de tributos, que dependía de instrucciones del área de tesorería para la emisión de los volantes electrónicos de pago y requería la firma conjunta de tres autoridades para su efectivización desde cuentas oficiales.
La querella rechazó la hipótesis de un error administrativo y sostuvo que la falta de pago durante 19 meses reflejaría una acción coordinada de las máximas autoridades, cuyos balances consignaban deudas fiscales significativas y contaban con la firma del presidente, el secretario general y el tesorero.
Próximos pasos judiciales
La defensa de Tapia planteó una excepción de falta de acción y solicitó el cierre del expediente, argumentando que las deudas no eran exigibles en virtud de resoluciones del Ministerio de Economía que suspendieron temporalmente juicios de ejecución fiscal contra entidades sin fines de lucro. El juez rechazó el planteo y la decisión fue apelada ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que deberá resolver.
Las audiencias indagatorias comenzarán el 5 de marzo de 2026 con la declaración de Tapia. En las jornadas siguientes están citados otros directivos y representantes de la asociación, en una instancia clave para definir el rumbo procesal de la investigación.