La justicia federal  frena aumentos de prepagas autorizados por DNU de Milei


El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, ha dictado una nueva medida cautelar que impide los aumentos indiscriminados de las empresas de medicina prepaga, autorizados por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 del gobierno de Javier Milei.

Esta medida surge tras una solicitud de una afiliada a la empresa Medicus S.A., donde el juez dispuso «dejar sin efecto los aumentos sobre el valor de la cuota mensual que abona previstos para los meses de enero y febrero del corriente año».

Durante este período, el valor de la cuota no quedará congelado, sino que se ajustará por los porcentajes «que resulten de aplicarle el Índice de salarios registrados que publica el INDEC, durante el tiempo que insuma la tramitación del presente amparo, hasta el dictado de sentencia definitiva».

El fallo especifica que «si la actora ha abonado las correspondientes facturas a los meses de enero, febrero y marzo de este año con los ajustes que aquí impugna, ninguna devolución se ha de ordenar en este estadio procesal».

El juez Bava subrayó que, ante la situación económica alegada por la demandante frente a su derecho a la salud, la readecuación solicitada se corresponde mejor con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende.

Esta cautelar, que no afecta la decisión final de la controversia, busca evitar el agravamiento de las condiciones de vida de la afiliada y no ocasiona un grave perjuicio a la empresa demandada.

El dictamen del juez resalta la importancia de considerar el contexto inflacionario del país al decidir cuestiones como estas, y señala que el otorgamiento de la cautelar es la solución que mejor se corresponde con la naturaleza del derecho a la salud e integridad física de las personas.

Esta nueva medida se suma a una decisión similar tomada hace dos semanas por la Justicia Federal de Misiones, que ordenó retrotraer las cuotas de una empresa de medicina prepaga al valor de diciembre tras un recurso de amparo presentado por una jubilada afectada por los aumentos desproporcionados.