El juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Pablo Cayssials, rechazó la medida cautelar presentada por la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa) que exigía la transferencia de 556 millones de pesos por parte del Estado Nacional. La solicitud de la universidad, fundada por la fallecida Hebe de Bonafini, surgió tras la decisión del Ministerio de Capital Humano de suspender la apertura de nuevas universidades.
La UNMa había solicitado una “cautelar autosatisfactiva” para que se ordenara el cese inmediato de la retención de fondos y la transferencia de la suma requerida. Sin embargo, el magistrado determinó que la petición debía ser desestimada debido a la falta de circunstancias excepcionales y a la insuficiencia de las afirmaciones presentadas por la organización.
En su fallo, Cayssials argumentó que la universidad no había demostrado la verosimilitud de su derecho de manera patente, ni había evidenciado una arbitrariedad por parte de la Administración Pública. El juez señaló que el caso se trataba de un reclamo patrimonial que debía canalizarse por otra vía, al no observarse un perjuicio irreparable.
El Estado Nacional también cuestionó la validez de la representación de la UNMa por parte de la rectora, Cristina Caamaño Iglesias Paiz. Argumentó que la designación de la rectora, hecha por la resolución Nº 2534/23 del ex Ministerio de Educación, fue anulada por la resolución Nº 45/24 del Ministerio de Capital Humano. Además, denunció que el acta de la asamblea para su designación no contaba con la aprobación requerida según la Ley de Educación Superior y el Decreto Nº 176/96, lo que, para el Gobierno, invalidaría la puesta en marcha de la universidad.
En febrero pasado, el gobierno de Javier Milei decidió suspender la apertura y revisar las cinco universidades creadas por ley durante la gestión anterior. Entre las instituciones afectadas estaban la UNMa, la Universidad de Pilar, la de Río Tercero en Córdoba, la de Ezeiza y la Del Delta.
La decisión de suspender la apertura se justificó para evitar duplicaciones y superposiciones de estructuras jerárquicas, así como para asegurar que la oferta educativa cumpla con los estándares de calidad y pertinencia. La revisión continuará hasta verificar si el procedimiento administrativo para la creación de nuevas universidades se cumplió correctamente y si se satisfacen todas las condiciones legales y presupuestarias.
Estas universidades fueron aprobadas tras un extenso debate en la Cámara de Diputados y el Senado, con el respaldo mayoritario del kirchnerismo, partidos provinciales aliados y el radicalismo, en una sesión que también incluyó la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y cambios en la ley de alquileres. Infobae
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