El juez federal Martín Cormick anuló la resolución del Ministerio de Seguridad que establecía el protocolo antipiquetes, utilizado por las fuerzas de seguridad para intervenir en manifestaciones y cortes de calles. La normativa, implementada inicialmente por la exministra Patricia Bullrich y continuada por la actual titular Alejandra Monteoliva, fue declarada inválida por carecer de respaldo legal suficiente.
El fallo, emitido por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, responde a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Según Cormick, el Ejecutivo se arrogó facultades propias del Poder Legislativo, lo que vulnera la división de poderes establecida por la Constitución.
En su sentencia de 38 páginas, el juez subrayó que la administración pública no puede dictar normas que restrinjan derechos constitucionales fundamentales —como la libertad de reunión, la libertad de expresión y el derecho a peticionar a las autoridades— sin contar con una ley previa aprobada por el Congreso.
Uno de los puntos centrales del fallo se refiere a la figura de la flagrancia. La normativa ahora anulada autorizaba a las fuerzas federales a intervenir de inmediato ante cortes de calle, bajo la premisa de que se trataba de delitos flagrantes. Cormick destacó que la protesta social es un fenómeno complejo que no puede equipararse automáticamente a un ilícito penal que justifique la acción policial sin la supervisión de un juez.
“Calificar una conducta como delictiva y ordenar el uso de la fuerza pública para dispersar una manifestación son decisiones que corresponden exclusivamente a jueces y fiscales, no a autoridades políticas ni a jefes de operativos de seguridad”, enfatizó el magistrado.
Este fallo representa el segundo revés judicial contra el Gobierno en pocos días. La semana pasada, Cormick había ordenado la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, suspendida junto con la Emergencia en Discapacidad pese a haber sido aprobadas por el Congreso.
Cabe recordar que, en marzo, Cormick había rechazado suspender temporalmente el protocolo antipiquetes y llegó a asistir personalmente a una marcha de jubilados para supervisar su aplicación, lo que evidencia la atención especial que ha dedicado al tema.