La Cámara Federal de Mendoza marcó un precedente judicial al declarar inconstitucional la ley de movilidad jubilatoria sancionada en 2021 durante la administración del expresidente Alberto Fernández. El fallo, emitido por la Sala A en el caso “Leonardo Evaristo Cortes vs. ANSES”, ordena un reajuste en los haberes previsionales y propone una nueva fórmula de cálculo basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Según el tribunal, la ley vigente desde 2021 hasta el inicio del gobierno de Javier Milei no ha protegido adecuadamente el poder adquisitivo de los jubilados, quienes han perdido más del 50% de su capacidad de compra en estos años. Los jueces Ignacio Pérez Curci, Manuel Alberto Pizarro y Gustavo Casiñeira de Dios firmaron la resolución, cuestionando tanto la metodología utilizada como los ajustes temporales que se hicieron mediante decretos durante la pandemia.
Un caso que abre debate sobre la protección de los haberes jubilatorios
El fallo, de 34 páginas, revisa la ley de movilidad aprobada en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri, modificada en 2020 y aplicada en 2021, y concluye que las reformas introducidas por ambas administraciones resultaron insuficientes para sostener el valor real de las jubilaciones. La Cámara resaltó que el actual sistema de movilidad ha causado una “pérdida considerable” en los ingresos de los jubilados, una situación contraria a la Constitución Nacional y los tratados internacionales que garantizan la protección de sus haberes.
En el caso particular de Leonardo Evaristo Cortes, el demandante argumentó que la Ley 27.426, al igual que las fórmulas que le siguieron, han vulnerado su poder adquisitivo. El tribunal concluyó que el método de movilidad que la Ley 27.609 establece desde 2021 no está alineado con el costo de vida ni con los niveles salariales activos, incumpliendo el artículo 14 bis de la Constitución.
Críticas a la fórmula actual y propuesta de un nuevo método de cálculo
El fallo profundiza en las limitaciones del método actual, que combina un 50% de la variación en la recaudación de la ANSES y un 50% de la variación salarial, tomando como referencia el Índice de Salarios del INDEC o el promedio de las remuneraciones imponibles (RIPTE). Los jueces señalaron que esta fórmula es ineficiente para mantener un nivel de vida adecuado, ya que no se correlaciona con la inflación real ni con la economía de los jubilados.
La Cámara propuso adoptar el IPC, publicado por el INDEC, como parámetro para ajustar los haberes previsionales, pues este índice refleja mejor los cambios en los precios de la economía y la depreciación de la moneda. Además, ANSES deberá calcular los aumentos según el método actual y la nueva fórmula propuesta, aplicando la más beneficiosa para los jubilados.
Análisis de la pérdida de poder adquisitivo desde 2021
El análisis del tribunal muestra cómo la Ley 27.609 ha quedado rezagada frente a la inflación acumulada en los últimos años. En 2021, los haberes aumentaron un 52,67% frente a una inflación del 50,79%, logrando una leve ganancia del 0,82%. Sin embargo, en 2022, el incremento fue del 72,45% mientras la inflación alcanzó el 94,75%, resultando en una pérdida del 11,6%. Para 2023, la brecha creció aún más: los jubilados recibieron un aumento del 110,95%, pero la inflación anual fue del 211,4%, lo que significó una disminución del 33,5%. Finalmente, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, la suba fue del 27,18% contra una inflación del 51,62%, implicando una caída adicional del 16,1%.
Repercusiones y futuro de la ley de movilidad
Este fallo abre un camino para futuras demandas y propone un método de cálculo que podría redefinir el sistema de movilidad jubilatoria en Argentina. La Cámara no solo cuestiona la fórmula vigente, sino que también sugiere un sistema que se ajuste más fielmente al costo de vida. La medida no es retroactiva, pero establece un precedente para que otros jubilados demanden ajustes similares.
La ANSES ahora deberá evaluar los términos de este fallo y el impacto que podría tener en sus finanzas, mientras el gobierno de Javier Milei analiza posibles reformas en el sistema previsional para garantizar que los jubilados no pierdan poder adquisitivo ante la inflación. Ámbito