La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la ex presidenta Cristina Kirchner por administración fraudulenta en la adjudicación de obra pública al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz. Esta decisión, emitida en un extenso fallo de 1541 páginas, también mantiene las condenas de Báez y de otros funcionarios implicados, como José López y Nelson Periotti, mientras que absuelve a figuras como Julio De Vido y Carlos Kirchner.
El fallo, en manos de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, con un voto adicional de Gustavo Hornos a favor de sumar el delito de asociación ilícita, aún no es definitivo. Todas las partes tienen diez días para apelar y recurrir a la Corte Suprema de Justicia, que decidirá en última instancia, sin un plazo establecido para resolver el caso. Hasta que el fallo quede firme, no se producirán consecuencias prácticas inmediatas para la ex mandataria, quien incluso podría postularse nuevamente a cargos públicos en el futuro.
La sentencia resalta una compleja trama de 51 licitaciones en Santa Cruz entre 2003 y 2015, en las que se habría favorecido sistemáticamente a las empresas de Báez mediante decretos y decisiones administrativas del Ejecutivo. Este circuito de corrupción se estima que causó un daño al erario de aproximadamente 84.000 millones de pesos.
Cristina Kirchner, que se encontraba en Moreno al momento de la sentencia, se mostró desafiante en redes sociales, mientras que en la puerta de los tribunales, el ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena y el dirigente Juan Grabois brindaron su respaldo con una clase pública.
Este fallo deja en evidencia la grave crisis ética y moral que atraviesa el país, en donde figuras de relevancia nacional parecen haber usado el poder para su propio beneficio, sin el menor reparo por las consecuencias sociales y económicas de sus actos. Esta sentencia representa, más que un simple veredicto, una advertencia sobre el rumbo que debe tomar nuestra sociedad para recuperar la integridad en la gestión pública.