La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, registró un nuevo avance judicial tras una resolución que habilita el acceso a información financiera clave para el expediente.
El juez federal Ariel Lijo dispuso levantar el secreto bancario y fiscal del funcionario, de su esposa Bettina Angeletti y de otras personas vinculadas a la causa. La medida fue adoptada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita con el objetivo de profundizar el análisis sobre la evolución patrimonial del grupo investigado.
La decisión también alcanza a la firma AS Innovación Profesional, empresa de la que Adorni y Angeletti son propietarios, y busca reconstruir el circuito financiero mediante el acceso a datos sobre cuentas, depósitos, transferencias, inversiones y declaraciones impositivas.
Alcance de la medida
En la misma resolución, el magistrado incluyó a seis personas señaladas como presuntas acreedoras del funcionario: Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio. La finalidad es verificar el origen de los fondos y determinar si los préstamos declarados tienen respaldo documental o si podrían existir inconsistencias.
El levantamiento del secreto —que requiere autorización judicial— permitirá a la fiscalía acceder a información protegida por la normativa vigente en materia financiera, tributaria y de prevención de lavado de activos. Entre los datos a relevar se encuentran movimientos bancarios, activos, productos financieros, compras de bienes y declaraciones juradas.
Análisis patrimonial desde 2022
El fiscal Pollicita solicitó que el relevamiento abarque desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad, con el fin de comparar la situación patrimonial previa al ingreso de Adorni a la función pública con su evolución posterior.
En esa línea, se prevén nuevos requerimientos al Banco Central de la República Argentina para obtener información sobre cuentas bancarias, tarjetas, cajas de seguridad, créditos, plazos fijos y otros instrumentos financieros. También se investigarán posibles operaciones a través de billeteras virtuales y plataformas del sistema de pagos.
Requerimientos a ARCA
La fiscalía solicitó además a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la totalidad de la información fiscal disponible sobre los involucrados desde 2022. El pedido incluye declaraciones juradas de impuesto a las ganancias y bienes personales, junto con sus anexos, documentación respaldatoria y eventuales rectificaciones.
Con estas medidas, la investigación ingresa en una etapa de mayor profundidad, centrada en determinar la consistencia entre los ingresos declarados, los movimientos financieros y la evolución del patrimonio, en busca de posibles irregularidades de carácter económico o fiscal.