La Cámara Federal de Mendoza pide al régimen de Nicolás Maduro que informe sobre la situación de Nahuel Gallo, detenido sin causa conocida. La decisión tiene implicaciones internacionales sobre los derechos humanos.
24 de diciembre de 2024 – La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza ha emitido un fallo de gran trascendencia, exigiendo al régimen de Nicolás Maduro que informe sobre el paradero y las condiciones de detención del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo. La decisión judicial llega en un momento crítico, dado que el destino del gendarme sigue siendo incierto desde su arresto el 8 de diciembre pasado, cuando intentaba ingresar a Venezuela por el puente internacional de Táchira. La información sobre su situación ha sido escasa, lo que ha disparado la alarma tanto en Argentina como en organismos internacionales de derechos humanos.
Un habeas corpus con implicancias internacionales
El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Gustavo Castiñeira de Dios, explicó que la decisión de su tribunal tiene un fuerte fundamento jurídico en el ámbito internacional. En una entrevista con Radio Mitre, Castiñeira destacó que el habeas corpus emitido exige que Venezuela proporcione información clara sobre las razones de la detención de Gallo, su lugar de custodia y su estado de salud. Además, la orden judicial insta a que el gendarme sea presentado ante una autoridad judicial para que pueda recibir asesoramiento legal y ponerse en contacto con su familia.
Castiñeira enfatizó que este fallo tiene validez internacional y que la Argentina, a través de sus tribunales, está exigiendo al Estado venezolano el cumplimiento de tratados internacionales sobre derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. «Este es un acto judicial con toda la rigurosidad que ello implica», aseguró el magistrado, quien recordó que, aunque la soberanía territorial limita la capacidad de Argentina para obligar a Venezuela, el fallo tiene pleno sustento ante tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desaparición forzada y cuestionamientos a Venezuela
El caso de Nahuel Gallo ha sido calificado por organismos de derechos humanos como una posible desaparición forzada, una grave violación de los derechos fundamentales. Según lo relatado por los familiares de Gallo, el gendarme viajaba a Venezuela para visitar a su esposa e hijo, pero fue detenido sin motivo claro y acusado por el régimen chavista de estar involucrado en «planes terroristas». Desde su arresto, no ha habido información oficial detallada sobre su paradero ni su condición.
Castiñeira también denunció la falta de respuestas por parte de la Cancillería argentina e Interpol, que han intentado obtener información sobre el caso sin éxito. «No sabemos si está vivo», señaló el presidente de la Cámara, advirtiendo sobre la posible violación de los derechos más básicos de Gallo, como el derecho a la vida y a la libertad.
Implicaciones para el sistema judicial venezolano
El fallo también pone en evidencia las preocupaciones sobre la independencia del poder judicial en Venezuela. Castiñeira subrayó que un sistema judicial comprometido con los derechos humanos debe ser autónomo, pero que en el caso de Venezuela esta independencia está comprometida. «Es más garantía que una persona esté a disposición de un magistrado independiente que en un cuartel militar», agregó.
Por su parte, la Cámara Federal de Mendoza ha abierto una causa penal para investigar la posible comisión del delito de desaparición forzada, un delito internacionalmente condenado.
Reacciones en Argentina y la comunidad internacional
El caso de Gallo ha generado reacciones en varios sectores políticos de Argentina. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó el fallo y detalló que se tomarán medidas consulares para hacer llegar la solicitud a Venezuela. En tanto, la diplomacia argentina ha presionado por una pronta resolución del caso, y la situación de Gallo sigue siendo un tema central en la agenda internacional.
A nivel político interno, la noticia también ha tenido repercusiones. El exembajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, quien había transmitido una carta de la familia de Gallo al régimen chavista, ha estado envuelto en la polémica debido a las implicaciones políticas del caso.
El fallo de la Cámara Federal de Mendoza subraya que, a pesar de los desafíos diplomáticos, el derecho internacional puede ser un mecanismo efectivo para exigir la protección de los derechos humanos, independientemente de las fronteras territoriales. La atención ahora se centra en la respuesta de Venezuela, cuyo silencio podría generar mayores repercusiones en el ámbito internacional. Infobae