La Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Misiones tomó intervención ante situaciones de violencia denunciadas entre estudiantes del Instituto Superior Santa Catalina (ISSC), de Posadas, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de los adolescentes involucrados y brindar un acompañamiento integral a las familias y a la comunidad educativa.
En ese marco, la titular del organismo, Rossana Franco, junto con su equipo de profesionales, visitó el establecimiento el martes por la tarde. Durante la jornada, mantuvo un primer encuentro con las estudiantes que denunciaron los hechos y sus madres, en un espacio destinado a la escucha y el acompañamiento. Posteriormente, se reunió con la vicerrectora, Andrea Sadorozne; el director de Estudios, Jonathan Barrios, y el director de Innovación y Tecnología, Francisco Rojas.
«Se hizo un encuentro con las estudiantes víctimas como también con sus madres. Consideramos importante que puedan tener un acompañamiento y una escucha activa», expresó Franco.
Durante la reunión, las autoridades educativas informaron sobre las medidas implementadas para abordar la situación con las partes involucradas. Entre ellas, se dispuso que las próximas clases se desarrollen de manera virtual, debido a que los estudiantes pertenecen al mismo curso. La modalidad busca garantizar la continuidad del ciclo lectivo mientras se trabaja en el acompañamiento de los adolescentes y sus familias.
También se establecieron entrevistas con los padres y estudiantes involucrados, en diferentes horarios, para brindar orientación y seguimiento. Estas acciones cuentan con el acompañamiento del EDAYO (Equipo de Apoyo y Orientación Escolar o Institucional).
Articulación institucional y acompañamiento integral
Como parte de las actuaciones, el miércoles se concretó una nueva reunión en la sede de la Defensoría, con la participación del apoderado legal del Instituto, Raúl Dalmau; el rector, magíster Eduardo Elauterio; Rossana Franco y su equipo técnico, y el secretario general de Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Violencia Familiar del Ministerio Público, Fabián Oudín.
El encuentro permitió analizar las situaciones que involucran a estudiantes de la institución desde una perspectiva de protección integral de derechos y avanzar en mecanismos de coordinación entre los organismos intervinientes.
Durante la reunión, el representante legal del establecimiento informó sobre las medidas adoptadas por las autoridades educativas y señaló que las actuaciones judiciales correspondientes se encuentran en trámite ante los organismos competentes.
Asimismo, se acordó mantener una comunicación permanente entre las instituciones y sostener medidas de acompañamiento, teniendo en cuenta las circunstancias de las partes involucradas. También se planteó la posibilidad de generar espacios de formación y orientación sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil y sus implicancias en los ámbitos escolar y familiar.
El rol de Acceso a la Justicia
Por su parte, Fabián Oudín explicó que durante la reunión se presentaron las funciones y facultades de la Secretaría General de Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Violencia Familiar, conforme a lo establecido por la Ley IV-44.
El funcionario señaló que el organismo tiene entre sus responsabilidades brindar orientación y asistencia a personas en situación de vulnerabilidad, facilitar información sobre los mecanismos de protección de derechos y promover la articulación con distintas áreas del Estado.
«Desde nuestra Secretaría General se ofreció acompañamiento institucional y colaboración para desarrollar un abordaje integral y preventivo, acordándose una labor articulada con las autoridades educativas y la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes», manifestó Oudín.
Además, destacó la importancia de sostener un trabajo coordinado que contemple la escucha respetuosa de las necesidades de los adolescentes y la protección integral de sus derechos.
De esta manera, los organismos intervinientes acordaron continuar trabajando de manera conjunta, con prioridad en el interés superior de niños, niñas y adolescentes, el acompañamiento de las familias y el fortalecimiento de las acciones de prevención y orientación dentro de la comunidad educativa.