En el continuo desarrollo del proceso legal en torno al caso YPF, los demandantes que se beneficiaron del fallo que obliga a Argentina a pagar US$ 16.000 millones por la estatización de la petrolera en 2012 han presentado acusaciones contra el país, alegando que este está retrasando la presentación de información sobre activos que podrían ser embargados.
Burford Capital, uno de los principales actores en este litigio, ha solicitado una audiencia con la jueza de Nueva York Loretta Preska, argumentando que el país está dilatando la entrega de información sobre activos embargables. Esta solicitud se suma a las exigencias de los demandantes para obtener datos detallados sobre los activos de YPF, incluyendo acciones, cuentas, y transacciones valuadas en un millón de dólares, entre otros aspectos relevantes.
Sebastián Maril, CEO de Latam Advisor, quien sigue de cerca este caso, señaló que además de la solicitud de información sobre YPF, Burford Capital también ha requerido datos detallados sobre otras entidades estatales argentinas como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Nación.
El fallo favorable a los demandantes, emitido por la jueza Preska, ha puesto a Argentina bajo presión para cumplir con el monto de US$ 16.000 millones. Sin embargo, la gestión actual del país ha apelado la decisión argumentando que la sentencia se basó en una interpretación errónea de la ley argentina, y que infló los daños reclamados por los demandantes.
El estudio legal Sullivan & Cromwell LLP, representante de Argentina en este caso, ha alegado que los eventos en cuestión ocurrieron dentro del territorio argentino y, por lo tanto, deben ser juzgados bajo la ley argentina. Además, han cuestionado la forma en que se calcularon los daños, señalando errores en la conversión de moneda y en la aplicación de tasas de interés.
Este nuevo capítulo del juicio por YPF plantea un escenario legal complejo y altamente disputado, donde las partes involucradas luchan por proteger sus intereses y defender sus posiciones en un caso de gran trascendencia tanto para Argentina como para los demandantes. Con información de Agencias Argentinas