El presidente Javier Milei ha firmado un decreto clave que marca un paso decisivo en la implementación de la reforma del Estado y la privatización de empresas públicas. Este decreto, que se publicará en el Boletín Oficial el lunes, reglamenta el segundo capítulo de la Ley Bases, sancionada a finales de junio en el Congreso.
La reglamentación establece nuevas directrices para la reorganización administrativa del Estado, modificaciones en la Ley de Empleo Público y el marco legal que habilita la privatización de empresas estatales. Entre las principales disposiciones, el artículo 3 otorga al presidente la autoridad para modificar o eliminar organismos de la administración central o descentralizada, así como derogar sus competencias y estructuras jurídicas.
Quedan excluidos de esta intervención las estructuras del Poder Judicial, Legislativo y varios organismos clave como CONICET, ANMAT, y ENACOM, entre otros. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien trabaja en colaboración con el vicejefe de gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, utilizará este marco para eliminar alrededor de 60 organismos, entre ellos el INADI, el INAI y el INJUVE.
Además, el decreto permite la modificación de la estructura jurídica de las empresas públicas y su transferencia a provincias interesadas en financiarlas. Se incluye un marco jurídico para privatizar empresas como Energía Argentina, Intercargo y Agua y Saneamientos Argentinos, y se contempla un esquema mixto de participación para Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
El proceso de venta estará supervisado por una comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, con la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación encargadas de evaluar aspectos legales, financieros y operativos de las empresas involucradas.
La reglamentación también abarca cambios en la Ley de Empleo Público, ofreciendo a los empleados afectados un año con goce de sueldo y capacitaciones para nuevas tareas o servicios tercerizados. La normativa prevé indemnizaciones en caso de despidos, con excepciones en caso de irregularidades.
El Gobierno también recibirá facultades para transformar, unificar, disolver y liquidar fondos fiduciarios públicos, eliminando asignaciones específicas tributarias, salvo el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.
Este decreto representa una transformación significativa en la estructura del Estado argentino, con implicaciones profundas para la administración pública y las empresas estatales.