Cáritas Argentina, junto a referentes sociales y territoriales, advirtió sobre el impacto del recorte presupuestario y la virtual paralización de la política de integración socio urbana que alcanza a unos cinco millones de personas en villas y asentamientos de todo el país.
La preocupación fue expresada en una conferencia realizada en el centro porteño por la Mesa Nacional de Barrios Populares, espacio que reúne a organizaciones sociales, referentes comunitarios y entidades de la Iglesia. Allí denunciaron la reducción de fondos y el cierre operativo de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, lo que —según señalaron— compromete derechos básicos y vulnera el cumplimiento de una ley nacional vigente.
El panel estuvo integrado por el presidente de Cáritas, monseñor Gustavo Carrara; el director ejecutivo de TECHO-Argentina, Juan Maquieyra; la exfuncionaria del área Fernanda García Monticelli; y Lila Calderón, fundadora de la Mesa Nacional.
Una política de Estado bajo revisión
Los expositores coincidieron en que la integración socio urbana no responde a una lógica partidaria, sino que se consolidó como política de Estado desde 2016 y fue ratificada por unanimidad en el Congreso en 2018 mediante la Ley 27.453, que establece el régimen de regularización dominial e integración urbana de barrios populares.
Recordaron además que el programa fue auditado por organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y por entidades nacionales como la Sindicatura General de la Nación y la Universidad Católica Argentina, que certificaron su ejecución y transparencia.
“Estamos en una cultura de la voracidad y el descarte”, afirmó Carrara, quien sostuvo que urbanizar implica no sólo garantizar agua potable y electricidad segura, sino también promover el protagonismo comunitario y el arraigo.
Impacto territorial y obras paralizadas
Desde el territorio, Calderón recordó que existen barrios con más de 70 años de abandono estructural, sin servicios básicos y con conexiones eléctricas precarias que derivaron en incendios y muertes evitables. “Nos quedaron vecinos en el camino por vivir en zonas inundables o por incendios causados por instalaciones informales”, expresó.
García Monticelli detalló que, durante la implementación de la política, el 80% de los barrios populares recibió inversión pública, con más de 1.200 proyectos en marcha, 24.000 lotes con servicios y 250.000 mejoras habitacionales a través del programa Mi Pieza. “No se está desmantelando una oficina, sino la pieza ejecutora en territorio y una defensa ante desalojos”, advirtió.
Según se informó, más de 700 obras se encuentran actualmente paralizadas y más de 11.000 mujeres resultaron afectadas por la interrupción del programa Mi Pieza. Los referentes sostienen que esta situación implica el incumplimiento de la normativa vigente.
Maquieyra subrayó que el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y la ley surgieron “de abajo hacia arriba” y luego se transformaron en política nacional con respaldo unánime. “Hubo decenas de miles de obras auditadas para que niños y niñas tengan un lugar donde crecer”, afirmó, y planteó: “¿En qué Argentina queremos vivir? ¿En una donde, si nacés en un barrio popular, vas a vivir 11 años menos?”.
Marco judicial y respaldo institucional
Durante la conferencia también se recordó que el Juzgado Federal de Pehuajó dictó medidas cautelares que ordenan al Estado nacional garantizar la continuidad de la política pública y suspenden cualquier intento de disolución del Fondo de Integración Socio Urbana, al considerar que su paralización vulnera normas vigentes y mandatos constitucionales.
El reclamo cuenta con más de 200 adhesiones institucionales, entre ellas la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, FUNDAR y la Pastoral Social Argentina, además de sindicatos, universidades nacionales y organizaciones de la sociedad civil.
Los convocantes insistieron en que, en contextos de crisis económica, la obligación estatal de proteger derechos sociales debe reforzarse y no retraerse, y reclamaron la continuidad de una política que —según afirmaron— garantiza tierra, techo y trabajo para millones de argentinos.