Este miércoles, se llevará a cabo una reunión crucial en la Secretaría de Trabajo, donde representantes del Gobierno, empresarios del transporte y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) buscarán resolver un conflicto que amenaza con paralizar el servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La cita, programada para las 13:00 en la sede de Callao 124, surge en medio de tensiones salariales entre las partes involucradas. La UTA ha advertido que, de no alcanzar un acuerdo satisfactorio, llevará a cabo un paro el próximo jueves 25 de abril.
El reclamo principal del gremio, liderado por Roberto Fernández, se centra en la inclusión del bono de $250.000, otorgado en febrero, en el salario básico de marzo. Esto elevaría el sueldo inicial de los trabajadores a $987.000, una demanda que las empresas argumentan no poder costear.
Las compañías de transporte, por su parte, afirman no disponer de los fondos necesarios para cubrir el aumento salarial sin un ajuste en las tarifas. Proponen elevar el boleto mínimo de $270 a $340 para poder afrontar los incrementos.
La falta de un acuerdo previo en paritarias y la carencia de recursos por parte del Estado para cubrir las diferencias salariales complican la situación. Las empresas aseguran que necesitan alrededor de $12.500 millones adicionales para pagar los salarios de más de 50.000 empleados.
Los empresarios no buscan subsidios directos, sino una actualización de las tarifas que refleje los costos reales del servicio. Sin embargo, reconocen que un aumento significativo en los precios enfrentaría resistencia política y podría resultar insostenible para los usuarios.
Ante este escenario, la UTA ha fijado el jueves 25 de abril como fecha límite para resolver las diferencias salariales pendientes. De no llegar a un acuerdo, amenazan con retomar medidas de fuerza que podrían afectar el normal funcionamiento del transporte público en la región.
El Gobierno, por su parte, ha anunciado su disposición a sancionar a las empresas que incumplan con la prestación del servicio, imponiendo multas de hasta $4 millones. Sin embargo, la resolución del conflicto sigue siendo una prioridad para evitar mayores inconvenientes para los usuarios y la economía en general. TN