La esperada reunión virtual para definir un nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil concluyó en un rotundo fracaso, dejando en el aire el destino de los ingresos de los trabajadores. La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) apuntaron directamente al Gobierno por el desacuerdo, acusándolo de obstruir el proceso y respaldar la falta de propuestas por parte de los empresarios. Ante la falta de consenso, la definición ahora podría recaer en un decreto presidencial.
Los sindicatos plantearon un aumento del 85% en el salario mínimo a partir de febrero, elevándolo a la cifra de $288.600. Sin embargo, esta propuesta fue rápidamente descartada por los representantes empresariales, y según la CGT, también por el Gobierno, que habría respaldado la posición de los empleadores.
El inusual formato de la reunión, celebrada de manera virtual por primera vez, no hizo más que subrayar las tensiones existentes en el proceso. La CGT emitió un comunicado en el que denunciaba que el Gobierno había obstaculizado el desarrollo normal del encuentro, mientras que los empresarios, liderados por la Unión Industrial Argentina, se mostraron complacientes con esta situación, sin presentar ninguna contrapropuesta.
La CTA también expresó su descontento, acusando al Gobierno y a los empresarios de inacción frente a la crítica situación económica que enfrentan los trabajadores argentinos, caracterizada por una inflación desbordada y aumentos salariales insuficientes.
Ante la falta de acuerdo, la posibilidad de que el Gobierno defina el salario mínimo mediante un decreto se vuelve cada vez más plausible. Según los representantes sindicales, la pasividad del Gobierno y la falta de propuestas por parte de los empresarios han llevado a esta situación, que deja en una posición vulnerable a los trabajadores y sus ingresos.
Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de la CTA, denunció esta situación como una parodia destinada a impedir un aumento urgente en los salarios y a mantener congelados los ingresos de los sectores más vulnerables de la población. Anunció la continuación de medidas de protesta y la consulta con otras centrales sindicales para definir nuevas acciones en respuesta a lo que perciben como un intento de congelar o reducir los salarios por parte del Gobierno y los empresarios. La incertidumbre sobre el futuro del salario mínimo persiste mientras se espera una decisión por parte del Gobierno.