La Justicia de Río de Janeiro ordenó el jueves la prisión preventiva de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de injuria racial tras un incidente ocurrido en un bar del barrio de Ipanema el pasado 14 de enero.
La medida fue dispuesta por el Juzgado Penal N°37, a pedido de la fiscalía, que consideró que la imputada podría entorpecer la investigación mediante la intimidación de testigos y que existe riesgo de fuga, pese a que actualmente se encuentra bajo monitoreo con una tobillera electrónica.
Luego de conocerse la resolución judicial, Páez difundió un video en su cuenta de TikTok en el que manifestó su estado emocional y cuestionó la decisión. “Se están vulnerando todos mis derechos. Estoy desesperada y muerta de miedo. Hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando”, expresó. Además, sostuvo que siempre estuvo a disposición de la Justicia y que colaboró con la causa desde el inicio.
El episodio que derivó en su detención ocurrió cuando la abogada se encontraba con amigas en un bar de Ipanema. Según la investigación, tras un conflicto al momento de abonar la cuenta, Páez habría dirigido expresiones ofensivas hacia los empleados del local, realizando gestos que simulaban a un mono, conducta considerada delito en Brasil.
La imputada reconoció que su reacción fue inapropiada, aunque sostuvo que respondió a supuestas provocaciones por parte del personal del bar, quienes —según su versión— se burlaban de ella y sus acompañantes.
Sin embargo, la fiscalía señaló que los hechos fueron corroborados por testigos presenciales y por registros de cámaras de seguridad. Además, indicó que Páez habría continuado con expresiones racistas incluso después de retirarse del establecimiento, pese a haber sido advertida de que ese comportamiento constituía un delito.
En su resolución, el tribunal sostuvo que mantener a la acusada en libertad podría “generar un grave perjuicio a la instrucción criminal”, al existir la posibilidad de que influya sobre testigos y víctimas. También advirtió que, por tratarse de una ciudadana extranjera, existe riesgo de que abandone el país, lo que podría afectar el esclarecimiento de los hechos.
La investigación fue cerrada por la Policía Civil el 23 de enero, al considerar que existían pruebas suficientes para avanzar en favor de los trabajadores del bar. Los fiscales concluyeron que la conducta atribuida a Páez “excedió cualquier contexto de discusión o malentendido”, al tratarse de actos de carácter discriminatorio y ofensivo.