La Justicia de Estados Unidos y el Departamento del Tesoro avanzan en una investigación por presuntos desmanejos financieros en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una causa que involucra transferencias millonarias vinculadas a la explotación comercial de la Selección argentina. En ese contexto, el Gobierno argentino formalizó su respaldo a la investigación y se comprometió a colaborar con las autoridades norteamericanas.
El expediente se tramita ante la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro, bajo la órbita del fiscal federal Jason A. Reding Quiñones. La denuncia describe un presunto circuito de cobro, desvío y ocultamiento de fondos generados por contratos internacionales de la AFA, actualmente presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.
Según pudo reconstruirse a partir de documentación incorporada a la causa, el Ministerio de Seguridad de la Nación envió el 2 de septiembre de 2025 una carta formal al fiscal Reding Quiñones en la que expresó el “pleno respaldo del Gobierno argentino a la investigación en curso”, originada en la denuncia presentada por el abogado estadounidense Gilberto M. Garcia. En el texto, la cartera señaló que las irregularidades denunciadas podrían constituir violaciones a la legislación tributaria y anticorrupción argentina, así como infracciones a las normas estadounidenses de prevención del lavado de dinero.
La misiva oficial destacó, además, la disposición del Estado argentino a brindar asistencia, coordinar acciones intergubernamentales y aportar documentación relevante. “La Argentina valora su asociación con los Estados Unidos en materia de aplicación de la ley y regulación, en particular en lo referido a la conducta financiera internacional y la gobernanza del deporte”, subrayó el documento.
La denuncia original fue presentada por Garcia en representación del empresario argentino Guillermo Tofoni, titular de la firma World Eleven, quien solicitó acogerse al régimen de protección de denunciantes previsto en la legislación estadounidense. El escrito está acompañado por contratos, anexos bancarios, resoluciones internas y comprobantes de transferencias que permitirían reconstruir el circuito financiero bajo sospecha.
De acuerdo con la acusación, al menos USD 19 millones correspondientes a contratos internacionales de la AFA —entre ellos, partidos amistosos y acuerdos de patrocinio— no habrían ingresado al sistema financiero argentino, sino que fueron canalizados a través de cuentas en Estados Unidos. La denuncia aclara que ese monto sería apenas un caso testigo dentro de una operatoria de mayor alcance, que podría involucrar hasta USD 300 millones generados por amistosos, patrocinios y derechos comerciales de la Selección en los últimos años.
Uno de los ejes centrales del expediente es la empresa TourProdEnter LLC, registrada en Florida y vinculada al empresario Javier Faroni y su pareja, Erica Gillette. Según la documentación presentada, la sociedad habría recibido transferencias millonarias pese a no contar con empleados ni actividad económica comprobable que justifique esos ingresos. Para los denunciantes, la utilización de esa estructura constituiría un indicio típico de maniobras de ocultamiento de fondos.
La acusación también coloca en el centro del esquema a Claudio Tapia. El escrito sostiene que, dada la estructura de gobierno de la AFA y la concentración de las decisiones financieras, transferencias de ese volumen no podrían haberse realizado sin el conocimiento y la autorización de su presidente. En ese sentido, se cuestiona la falta de controles internos y de auditorías independientes dentro de la entidad.
La intervención de FinCEN se explica por el uso del sistema bancario estadounidense para canalizar los fondos investigados. Las normas federales obligan a las entidades financieras a reportar operaciones sospechosas y a extremar los controles cuando se trata de transferencias de gran magnitud hacia sociedades sin actividad verificable.
Con el respaldo formal del Gobierno argentino, la causa adquirió un peso institucional adicional. Mientras la Fiscalía del Distrito Sur de Florida y el Departamento del Tesoro analizan la documentación aportada, la investigación sigue abierta y con impacto potencial tanto judicial como institucional. Las principales incógnitas —el monto total involucrado, el destino final de los fondos y las responsabilidades en la toma de decisiones— quedaron ahora en manos de la Justicia de Estados Unidos.