La Comisión Ejecutiva de la CEA alertó al Ministerio de Salud sobre retrasos en aportes estatales que ponen en riesgo la atención de miles de personas en todo el país.
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su profunda preocupación por la delicada situación que atraviesan numerosas instituciones dedicadas al cuidado de personas con discapacidad, y solicitó al Estado nacional medidas urgentes para garantizar la continuidad de sus servicios.
En una carta dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, los obispos señalaron que la crisis económica que afecta a estos centros es “de extrema gravedad”, consecuencia del retraso e insuficiencia de los aportes estatales. Según explicaron, esta situación genera déficits que comprometen aspectos esenciales de la atención, como la alimentación, la provisión de medicamentos y el pago de salarios del personal que asiste diariamente a las personas con discapacidad.
Entre los casos destacados, se encuentran los cottolengos Don Orione, donde se atiende a unas 1.200 personas y cuya continuidad corre un riesgo inmediato debido a la falta de regularización de compromisos estatales desde fines de 2025, mientras los costos operativos siguen aumentando.
Los obispos advirtieron que las consecuencias ya son visibles: endeudamiento creciente, riesgo de cierre de hogares, limitaciones para recibir nuevos residentes y deterioro en la calidad de las prestaciones. En muchos casos, se trata de personas que requieren asistencia integral para actividades básicas de la vida cotidiana.
“Las personas con discapacidad no pueden esperar”, recordaron, aludiendo a un comunicado de mayo del año pasado, y reiteraron el pedido de cumplimiento de la Ley 24.901, que regula el sistema de prestaciones básicas para este sector.
Además, destacaron que estas instituciones, muchas de ellas fundadas por comunidades religiosas y civiles, constituyen un patrimonio social fundamental, y subrayaron que el cuidado de la vida y de los más vulnerables es un pilar esencial de toda sociedad.
Finalmente, la Comisión Ejecutiva solicitó una respuesta “concreta, visible y urgente” y expresó su disposición al diálogo para contribuir a una solución que lleve alivio a instituciones, familias y personas afectadas.
El documento está firmado por monseñor Marcelo Colombo (Mendoza), presidente del Episcopado; el cardenal Ángel Rossi SJ (Córdoba), vicepresidente primero; monseñor Daniel Fernández (Jujuy), vicepresidente segundo; y monseñor Raúl Pizarro (auxiliar de San Isidro), secretario general.