Desde este sábado 5 de septiembre entró en vigencia en todo el país la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil y reduce de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un adolescente puede ser imputado por un delito. La normativa había sido sancionada en febrero y comenzó a aplicarse tras cumplirse los 180 días previstos desde su promulgación.
El esquema contempla penas de hasta 15 años de prisión, aunque excluye la posibilidad de aplicar perpetua. En los casos que impliquen privación de la libertad, los adolescentes deberán permanecer en establecimientos especializados y separados de los adultos.
La legislación establece además diferentes tipos de sanciones, entre ellas amonestaciones, restricciones de acercamiento a las víctimas, prestación de servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y prohibiciones para salir del país, conducir vehículos o concurrir a determinados lugares y espectáculos.
Uno de los ejes del régimen apunta a la educación, resocialización e integración social de quienes atraviesen un proceso penal. Para ello, se prevé el acceso a programas destinados a completar los estudios obligatorios, capacitación laboral, formación ciudadana y actividades deportivas.
También se mantienen restricciones para preservar la identidad de los menores involucrados. No podrán difundirse nombres, sobrenombres, fotografías, domicilio, filiación, parentesco ni otros datos que permitan identificarlos. A su vez, los progenitores tendrán responsabilidad civil por los ilícitos cometidos por sus hijos.
La norma contempla alternativas a la prisión en determinadas circunstancias. Esa posibilidad podrá aplicarse cuando la condena no supere los tres años y, bajo condiciones específicas, para sanciones de entre tres y diez años, siempre que el hecho no haya provocado la muerte de la víctima, involucrado violencia física o psíquica grave ni existan otras condenas o procesos en curso.
El financiamiento fue uno de los puntos de mayor discusión durante el tratamiento legislativo. Finalmente se estableció un sistema basado en convenios entre la Nación y las provincias para instrumentar el nuevo esquema. La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo fue aprobada con 149 votos a favor y 100 en contra.