El organismo educativo provincial informó que supervisará las actuaciones institucionales y las medidas adoptadas para garantizar la protección de las estudiantes involucradas y la continuidad de las trayectorias escolares. Además, remarcó la responsabilidad compartida entre las instituciones educativas y las familias en la prevención de la violencia.
El Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) manifestó su preocupación ante los presuntos hechos de violencia, amenazas y hostigamiento entre adolescentes que tomaron estado público en la ciudad de Posadas.
A través de un comunicado institucional, el organismo sostuvo que ninguna manifestación de violencia puede ser naturalizada ni justificada, tanto dentro como fuera de las comunidades educativas.
En ese sentido, informó que tomó conocimiento de las actuaciones institucionales y de la intervención de las autoridades competentes. Como organismo de control, señaló que le corresponde supervisar el alcance y la efectividad de las medidas adoptadas, solicitar información documentada y verificar que se garantice la protección de las estudiantes afectadas y la continuidad de las trayectorias escolares de los alumnos involucrados.
El SPEPM también hizo hincapié en que toda intervención debe contemplar los derechos de las personas afectadas, el derecho de defensa de quienes sean señalados como responsables y la confidencialidad necesaria cuando se trata de menores de edad.
En relación con el marco normativo, el comunicado mencionó el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, y señaló que la responsabilidad de los adolescentes por sus actos debe abordarse dentro de las garantías y competencias judiciales correspondientes.
Asimismo, recordó que las instituciones educativas tienen obligaciones propias en materia de prevención, acompañamiento, intervención pedagógica y comunicación con las familias y las autoridades de protección.
Responsabilidad compartida entre la escuela y las familias
Otro de los puntos centrales del pronunciamiento fue la necesidad de fortalecer el compromiso de los representantes legales, directivos, docentes y responsables parentales en la prevención y erradicación de la violencia.
«La escuela debe ser un espacio donde niños, niñas y adolescentes puedan aprender sin miedo, donde las situaciones de violencia reciban respuestas concretas y donde la autoridad educativa se ejerza con responsabilidad y justicia», expresó el organismo.
En esa línea, remarcó que proteger a los alumnos afectados, recabar información, determinar responsabilidades y educar para la convivencia son deberes que deben asumir conjuntamente las instituciones educativas y las familias.
Una mirada pedagógica sobre la responsabilidad juvenil
En sus consideraciones finales, el SPEPM planteó que el sentido de la nueva legislación penal juvenil no debe reducirse a la aplicación de sanciones a edades más tempranas, sino que también implica reconocer que las conductas tienen consecuencias, que deben respetarse los derechos de otras personas y que la responsabilidad debe enseñarse y exigirse progresivamente.
Además, sostuvo que las autoridades educativas deben actuar con firmeza, proporcionalidad, justicia y respeto por la verdad, promoviendo el diálogo entre las familias, las escuelas y los organismos competentes.
Finalmente, el organismo consideró que la respuesta institucional debe constituir un precedente positivo para los establecimientos educativos y reiteró que las conductas violentas tienen consecuencias, al tiempo que subrayó la corresponsabilidad de las familias en la trayectoria educativa y la conducta de sus hijos e hijas.